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Consecuencias económicas de la prohibición de exportaciones de carbón a Israel

Ago 22, 2024

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional sobre los impactos económicos negativos que podría acarrear la reciente expedición del decreto que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel.

En su intervención durante el XXXVI Congreso Nacional de Exportadores, organizado por Analdex en Barranquilla, Cabello Blanco expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida, que podría desestabilizar la economía de regiones clave del país.

Durante su discurso, la jefa del Ministerio Público destacó la gravedad de las afectaciones económicas que conlleva la prohibición. Según explicó, las exportaciones de carbón representan un ingreso anual de 650 mil millones de pesos para Colombia, a través de regalías, impuestos y contribuciones. Este flujo de capital es fundamental para departamentos como La Guajira y Cesar, que, de implementarse la prohibición, dejarían de recibir 100 mil millones de pesos.

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Cabello Blanco no solo cuestionó la conveniencia del decreto, sino que también subrayó la necesidad de actuar con coherencia frente a la actual situación económica del país. «Es vital tomar medidas que impulsen la reactivación económica y no decisiones que obstaculicen la libertad de empresa y el comercio internacional», aseveró.

La Procuradora también puso en duda la efectividad del decreto para lograr los objetivos que, presumiblemente, busca el Gobierno. «La prohibición de exportación no garantiza la seguridad nacional, la soberanía alimentaria, ni protege la industria o el mercado. ¿Cómo planea el Estado compensar estas pérdidas cuando todos conocemos la delicada situación económica en la que nos encontramos?», cuestionó.

En su intervención, Cabello Blanco informó que la Procuraduría, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ya ha enviado sus observaciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si bien reconoció que el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía en pro del bien común, enfatizó que esta medida no es ni idónea ni proporcional para alcanzar dicho fin.

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