Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá señaló que las heridas sufridas por una menor en Guayabal, San Vicente, son muestra que las disidencias de las Farc no quieren hacer la paz.
Luis Francisco Ruiz, gobernador del departamento de Caquetá, se pronunció con firmeza tras el lamentable incidente en el que una niña de nueve años resultó gravemente herida al caer en un campo minado, presuntamente instalado por disidencias de las Farc en la vereda Cristo Rey, zona rural de San Vicente del Caguán. Este hecho, ocurrido el 24 de agosto, ha generado una ola de indignación en la región y en todo el país.
El gobernador Ruiz expresó su rechazo absoluto ante lo que considera una muestra más de la falta de voluntad de paz por parte de los grupos armados ilegales que operan en el departamento. “(La niña se encontraba en) una zona de confluencia de personal civil, pisó una mina antipersonal y perdió su extremidad inferior. Gracias al transporte helicoportado de las Fuerzas Militares, se logró evacuar y hoy se encuentra en estado crítico”, relató el mandatario, subrayando la gravedad de la situación.
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Disputando la zona
Según las autoridades, el campo minado habría sido instalado por facciones de las disidencias de las Farc, que disputan el control de la zona. Estas facciones, al mando de alias ‘Calarcá’, ‘Iván Mordisco’ y la denominada ‘Segunda Marquetalia’, han mantenido una presencia constante y peligrosa en la región.
Ruiz también se refirió a la reciente visita del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien destacó el complicado panorama de orden público en Caquetá. El gobernador señaló que, aunque estos grupos armados aparentan estar en un proceso de paz, en realidad se están fortaleciendo militar, económica y políticamente. “El delito de la extorsión se ha disparado” en el departamento, afirmó Ruiz, y añadió que el control territorial ejercido por estas estructuras “cada vez se hace mayor”.
El mandatario regional cuestionó la efectividad del decreto de cese al fuego, al advertir que ha permitido que estas estructuras armadas utilicen el departamento como retaguardia para evitar operativos militares en otras zonas donde el cese fue suspendido. Según Ruiz, los gobernadores de los departamentos afectados “se sienten maniatados” y, en el caso de Caquetá, la estructura armada de las disidencias sobrepasa los 1.200 hombres.
Los crímenes continúan
Ruiz fue enfático en señalar que “el accionar de las Fuerzas Militares y de policía se ven coartados por este decreto y el que más sufre es la población civil: los comerciantes, campesinos y ganaderos”.
De cara a los diálogos de paz y la iniciativa de Paz Total promovida por el Gobierno Nacional bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, el gobernador Ruiz expresó su escepticismo. “Resulta claro que en estas estructuras armadas no existe una real voluntad de paz”, aseveró, subrayando que “las acciones armadas y los delitos de extorsión continúan” por parte de estos grupos, lo que pone en duda la viabilidad de un verdadero proceso de paz en la región.
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