Alfonso Vélez Jaramillo
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia. Es una de las mayores expresiones del derecho internacional humanitario y guardiana de la vida y la libertad.
Con esta figura se han librado históricamente grandes batallas en favor de la democracia, de los derechos fundamentales y de la protección de los derechos humanos.
A través de la protesta social se cristaliza el derecho de expresión, de opinión, la libertad de reunión y de asociación para detener las acciones, casi siempre mal intencionadas, de los regímenes de turno con gobiernos rumbo al totalitarismo.
Sin embargo, el derecho a protestar no es absoluto y raya con la realidad penal cuando se ataca la propiedad privada y se perturba de manera flagrante el orden público, como ha ocurrido en Neiva en estos días de paro, pese a todas las garantías y el diálogo permanente del alcalde Gorky Muñoz Calderón.
Se justifica la protesta pacífica, porque el grueso de colombianos no está de acuerdo con el paquete de medidas y reformas que propuso el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso, que no tiene la confianza ni el apoyo necesario de un gobierno que se supone democrático, por el afán de acaparar los organismos de control.
No es un secreto y molesta, que la fiscalía, la procuraduría, la contraloría y los demás pesos y contrapesos que debe tener una administración pública seria, estén en manos de los amigos del centro Democrático, el partido de gobierno.
Son justas las aspiraciones de los colombianos que apoyamos sin violencia el paro y la protesta social para evitar la formalización de una infame dictadura, porque para allá vamos, pero debe condenarse todas las acciones violentas.
Plausible que el alcalde Gorky Muñoz, hasta exponiendo su propia vida, se metió entre el grueso de la protesta para dialogar con los manifestantes, pero estos incumplieron su palabra de no hacer daño.
Están en otro paseo y tienen fines políticos, llamar la atención de las autoridades y la opinión pública, se equivocaron, ya perdieron el norte, sobre la realidad de evitar que el poder obnubile al presidente Duque y a su partido, del que lograron el retiro del proyecto de reforma.
Sobre el octavo día de protesta que comenzó el pasado 28 de abril del 2021 destruyeron el peaje, incendiaron seis cajeros, destruyeron la sede de una entidad financiera, asaltaron y saquearon varios supermercados, hurtaron 20 motocicletas y dañaron fachadas a lo largo y ancho de la ciudad y siguen pidiendo garantías. Necesitamos que haya control de las autoridades.
Lo peor es que hay francotiradores en las redes sociales criticando e insultando a quienes se atreven a condenar estos graves hechos. Estamos de acuerdo en los diálogos cuando hay interlocutor, de resto se debe aplicar el peso de la ley para quienes perturben el orden público.
Una protesta es pacífica y no afecta la tranquilidad y, se desnaturaliza cuando toma rumbos diferentes, al parecer orientados por agitadores profesionales.
Y que las organizaciones internacionales vengan para que conozcan sobre el terreno lo que está aconteciendo en Neiva, que sepan la verdad, porque aquí, a los agitadores les dieron la mano y se tomaron el codo.
