Tras toma de la planta de gas de Gibraltar por parte de miembros de la comunidad indígena local, Ecopetrol ha implementado un plan de contingencia.
Ecopetrol ha implementado un plan de contingencia para garantizar el suministro de gas natural en el nororiente del país, tras la toma de la planta de gas de Gibraltar por parte de miembros de la comunidad indígena local. La situación obligó a la empresa a apagar temporalmente la planta, lo que ha interrumpido el despacho de 37 millones de pies cúbicos diarios de gas a través del gasoducto de Promioriente, afectando a aproximadamente 280.000 usuarios residenciales, 6.000 establecimientos comerciales y 55 industrias en los departamentos de Santander y Norte de Santander, incluyendo el área metropolitana de Bucaramanga.
Ante la gravedad de la situación, Ecopetrol y las distribuidoras de gas en la región confirmaron la existencia de volúmenes suficientes para asegurar el suministro en los próximos días. A pesar del impacto en la infraestructura, la empresa ha tomado todas las medidas necesarias para minimizar las repercusiones en los usuarios, manteniendo una estrecha coordinación con las compañías prestadoras del servicio en la región.
Importancia del diálogo
En un comunicado oficial, Ecopetrol subrayó la importancia del diálogo como el principal mecanismo para resolver conflictos en los territorios y reafirmó su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos. “Invitamos a todas las partes a fortalecer el diálogo y evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de las comunidades y la seguridad energética de la región”, expresó la empresa.
El bloqueo de la planta de Gibraltar se suma a una serie de problemas de orden público que han afectado la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca, los cuales también han tenido repercusiones en el suministro de gas en el nororiente del país. El pasado 29 de agosto de 2024, Ecopetrol advirtió sobre posibles restricciones en el abastecimiento de gas debido a estos conflictos.
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Atentados
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se pronunció enérgicamente contra los actos violentos perpetrados por grupos armados ilegales en Arauca, destacando las graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, así como para la seguridad energética de Colombia. “Los atentados contra la infraestructura del sector energético no solo afectan la prestación de servicios públicos esenciales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad y el desarrollo de las operaciones en la región”, indicó la ACP en un comunicado.
Además, la ACP recordó que en lo que va de 2024, Arauca ha sido escenario de múltiples actos de violencia, incluyendo el asesinato de cuatro líderes sociales, ocho atentados a oleoductos y un ataque a un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía. Estos hechos, según el gremio, constituyen claras violaciones a los derechos humanos y subrayan la necesidad urgente de fortalecer la presencia institucional y la protección de la población civil.
La situación en Arauca no solo tiene implicaciones en la seguridad de los habitantes, sino también en la viabilidad de las operaciones e inversiones en la región. Durante el primer semestre de este año, el departamento ha producido un promedio de 58 mil barriles de petróleo por día, lo que representa el 7,4 % de la producción nacional. Los continuos ataques y la inestabilidad en la zona ponen en peligro no solo la seguridad energética, sino también el desarrollo socioeconómico del territorio.
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