La Contraloría General de la República ha revelado un retraso significativo en el pago de subsidios a las empresas que prestan el servicio público de energía, una situación que podría desencadenar racionamientos e incluso la suspensión del suministro eléctrico en zonas como la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).
Este escenario afectaría a más de 10 millones de personas, dejando en vilo la estabilidad energética del país.
La causa principal de esta crisis es el retraso en la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ha impedido que el Ministerio de Minas y Energía realice los pagos correspondientes a los prestadores del servicio. Esta situación, que se agrava con la falta de acciones visibles por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, pone en peligro la continuidad del servicio eléctrico en vastas regiones del país.
La Contraloría ha enfatizado que la situación es crítica, señalando que el incumplimiento en el pago de los subsidios, sumado a los ingresos no recaudados durante la pandemia debido a la “opción tarifaria”, y las deudas de los operadores de red con el mercado mayorista, están generando un ambiente de inestabilidad en el sector energético. Esta falta de decisión del Gobierno nacional podría derivar en un colapso del servicio eléctrico, con graves consecuencias para servicios esenciales como la salud, educación y el comercio, entre otros.
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El órgano de control ha hecho un llamado urgente al Gobierno y a las entidades involucradas para que tomen medidas inmediatas que garanticen la regularización del pago de los subsidios y la estabilidad del suministro eléctrico. Según la Contraloría, es fundamental actuar de manera rápida y efectiva para evitar que esta crisis se convierta en un problema de mayores dimensiones.
Además, la Contraloría ha recordado que ya había advertido sobre estos riesgos en estudios previos, destacando la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, especialmente en la región Caribe. En 2022, se habían identificado los giros de subsidios y el pago de consumos como aspectos críticos para la sostenibilidad del servicio, y ahora, la falta de acción en estos puntos clave amenaza con paralizar varias regiones del país.
Por último, la Contraloría ha advertido a las autoridades locales sobre la necesidad de garantizar la apropiación de recursos suficientes para el pago de los servicios públicos. De no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias, dado que esta omisión puede constituir una falta grave contra la hacienda pública.
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