La propuesta del presidente Petro de utilizar la impresión de dinero por parte del Banco de la República para financiar las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado colombiano es un debate muy necesario, pero que debe ser analizado con sumo cuidado debido a los riesgos macroeconómicos que conlleva.
Por un lado, es evidente que el proceso de reparación a las víctimas, estimado en 334 billones de pesos según la Procuraduría, avanza a un ritmo extremadamente lento con el presupuesto actual. Destinar apenas 2 billones anuales significaría que tomaría 150 años completar este deber fundamental del Estado. Esto es inaceptable desde una perspectiva ética y de derechos humanos.
Además, como lo ha señalado el ministro de Hacienda, la alternativa de aumentar los impuestos para cubrir este enorme costo también enfrenta serios cuestionamientos sobre la capacidad contributiva de los colombianos. Es una discusión que vale la pena tener, pero que posiblemente encuentre fuertes resistencias políticas.
En ese sentido, la propuesta de Petro de utilizar el señoreaje o utilidades de la emisión monetaria del Banco de la República tiene cierto atractivo pragmático. Este mecanismo ha sido usado en otros países como Japón, Rusia y México para financiar programas sociales urgentes. Y en el caso de Colombia, donde el conflicto ha dejado heridas tan profundas, podría argumentarse que es una medida justificada y necesaria.
Sin embargo, los riesgos de este camino son evidentes y han sido ampliamente advertidos. La emisión monetaria, aunque sea con fines de reparación, subordina la política monetaria a la fiscal, lo que puede generar una pérdida de credibilidad y confianza en el manejo del banco central. Esto, a su vez, se traduciría en mayores costos de endeudamiento y una depreciación del.
La Constitución y la ley establecen que las decisiones sobre emisión deben tomarse por unanimidad en la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, no es una facultad unilateral del presidente. Y dada la experiencia histórica de la región con los efectos devastadores de la emisión excesiva, es muy improbable que la Junta Directiva avale una medida de este tipo.
Por lo tanto, si bien entiendo y comparto la urgencia moral de reparar a las víctimas, creo que el gobierno debería concentrarse en explorar vías más convencionales y sostenibles, como la asignación de mayores recursos en el presupuesto nacional, la gestión de cooperación internacional y la búsqueda de nuevas fuentes de recaudo tributario. La impresión de dinero, por más que parezca una solución rápida, conlleva demasiados riesgos para la estabilidad macroeconómica del país a largo plazo.
Este es un debate necesario, pero que debe ser abordado con prudencia y apego a los principios de sana administración financiera. No podemos darnos el lujo de caer en experimentos monetarios que, si bien pueden tener una apariencia de innovación, en realidad podrían profundizar los problemas que buscamos solucionar. Debemos encontrar caminos de justicia para las víctimas que sean compatibles con la solidez de nuestras instituciones económicas.
