La solicitud surge pocos días después de que la justicia rechazara, por quinta vez, el cierre de la investigación.
El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, ha solicitado el aplazamiento de la audiencia preparatoria, inicialmente programada para el seis de septiembre, en medio del proceso judicial que enfrenta el exmandatario por soborno y manipulación de testigos. La solicitud surge pocos días después de que la justicia rechazara, por quinta vez, el cierre de la investigación.
Granados justificó su petición citando la edad de Uribe y el agotador itinerario que enfrentará el expresidente, quien tiene un vuelo desde Paraguay con escalas que suman casi ocho horas, con llegada estimada a Colombia a las 8:25 a.m. del mismo día de la audiencia. Según el abogado, Uribe necesita descansar adecuadamente antes de enfrentarse a las exigencias del proceso judicial. Aunque la solicitud fue inicialmente rechazada, Granados insistió en que no se estaba respetando el debido proceso ni la dignidad del procesado.
El 27 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de nulidad presentado por la defensa, que pretendía cerrar el caso. El recurso se basaba en la alegación de que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá había incurrido en un error al rechazar de plano la solicitud de nulidad. La defensa argumentó que dicha decisión era contradictoria, ya que el legislador permite la presentación de nulidades en este tipo de escenarios. Asimismo, sostuvo que los derechos de las víctimas y del procesado no deben limitar el debido proceso.
Le puede interesar:Petro lamentó la muerte de Rodolfo Hernández
Rechazó la decisión
Granados, al frente de la defensa, también afirmó que la decisión de primera instancia había vulnerado los derechos fundamentales de Uribe al debido proceso y a la defensa, señalando la imprecisión en la imputación y las deficiencias en la formulación de cargos. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos, confirmando que no se habían vulnerado derechos fundamentales.
Este proceso, que comenzó en 2018, se originó a partir de una investigación contra el senador Iván Cepeda, basada en testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados. A medida que los testigos se retractaron y surgieron evidencias de presiones, la Corte Suprema archivó la indagación contra Cepeda y abrió una contra Uribe.
El caso fue transferido a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Congreso. A pesar de varios intentos de la Fiscalía por cerrar el caso, las solicitudes de preclusión han sido rechazadas en repetidas ocasiones. En la última audiencia, además de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se anunció que Uribe también enfrentará una investigación por soborno relacionado con la exfiscal condenada Hilda Niño.
El panorama judicial para el expresidente sigue siendo incierto, con una serie de recursos y decisiones que mantienen el proceso abierto y bajo constante escrutinio público.
Puede leer:“Se han organizado para dar el golpe de estado”: Petro
