Por: Juanita Tovar.
El pasado 31 de agosto se conmemoraron 20 años de la promulgación de la Ley 906 de 2004, un hito legislativo que transformó radicalmente el sistema de justicia penal en Colombia. Con esta norma, se instauró el sistema penal acusatorio, reemplazando al sistema inquisitivo que había regido bajo la Ley 600 de 2000. Dos décadas después, es pertinente analizar los cambios que este cuerpo normativo ha traído al país, no solo en términos de procedimiento, sino también en cómo ha influido en el acceso a la justicia y en la percepción ciudadana sobre los procesos judiciales.
La Ley 600 de 2000, que instauraba un sistema penal inquisitivo, se caracterizaba por un procedimiento en el que el juez tenía un rol protagónico tanto en la investigación como en la toma de decisiones. Este modelo, aunque efectivo en ciertos aspectos, presentaba serias limitaciones en cuanto a la transparencia y la participación ciudadana. La centralización de funciones en el juez generaba una falta de imparcialidad percibida y restringía el acceso de la ciudadanía a la información sobre los procesos judiciales.
Con la Ley 906 de 2004, se introdujo un sistema acusatorio que se fundamenta en la separación de funciones entre quienes investigan y quienes juzgan. Esto no solo permite un juicio más imparcial, sino que también facilita una mayor participación de las partes involucradas en el proceso, incluyendo a la víctima y a la sociedad en general. La publicidad de los juicios y la oralidad como principio rector han hecho que la justicia penal sea más accesible y comprensible para los ciudadanos.
Uno de los logros más notables del sistema acusatorio es el aumento en la transparencia y el acceso a la información. La Ley 906 ha permitido que los procesos penales sean más abiertos, lo que ha generado un mayor interés y conocimiento por parte de la ciudadanía sobre los casos judiciales. Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, el número de audiencias públicas ha aumentado exponencialmente desde la implementación del sistema acusatorio, con un incremento del 300% en los primeros diez años de su aplicación.
Esta apertura ha permitido que los ciudadanos estén más informados sobre los casos judiciales, lo que a su vez ha fortalecido la confianza en el sistema de justicia. Además, la mayor transparencia ha llevado a una cobertura mediática más amplia y detallada de los procesos penales. Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la difusión de la información, haciendo que los casos judiciales de alto perfil sean seguidos de cerca por la opinión pública. Este fenómeno ha creado una dinámica en la que la ciudadanía no solo es espectadora, sino también juez en el tribunal de la opinión pública, lo que tiene sus propias implicaciones.
Con el auge de las redes sociales, el acceso a la información judicial ha alcanzado nuevas dimensiones. Plataformas como X (Twitter), Facebook y YouTube se han convertido en foros donde los ciudadanos expresan sus opiniones, muchas veces de manera apasionada y sin filtros, sobre los casos penales en curso. Este fenómeno ha dado lugar a lo que podría llamarse una justicia supralegal, donde los videos y las reacciones virales se convierten en instancias de juzgamiento extrajudicial.
Un ejemplo reciente de este fenómeno es el caso de los asaltantes que robaron a un conductor en Bogotá, quien, en una flagrante violación de las disposiciones legales, salió a perseguirlos y terminó atropellándolos. Este tipo de reacciones, que son aplaudidas por una parte de la ciudadanía como actos de justicia instantánea, reflejan un peligroso deslizamiento hacia un contexto donde la ley es secundada por la emoción del momento. Las redes sociales amplifican estas reacciones, creando una narrativa que a veces puede desafiar el estado de derecho.
El sistema penal acusatorio en Colombia ha avanzado significativamente en sus 20 años de existencia, pero enfrenta retos importantes para el futuro. Uno de los principales desafíos es cómo mantener la integridad del proceso judicial en un contexto donde la presión mediática y las redes sociales pueden influir en las decisiones judiciales. La justicia no puede ser dictada por la opinión pública ni por la viralidad de un video, sino que debe mantenerse dentro de los marcos legales establecidos.
Otro reto es la educación ciudadana. Si bien el sistema acusatorio ha permitido un mayor acceso a la información, también es necesario que la ciudadanía esté mejor informada sobre los límites de la justicia por mano propia y las implicaciones legales de actuar fuera del marco jurídico. La formación en derechos y deberes ciudadanos debe ser un componente esencial para evitar que la justicia supralegal siga ganando terreno.
En conclusión, la Ley 906 de 2004 ha representado un avance significativo para la justicia penal en Colombia, proporcionando un sistema más transparente, participativo y accesible para la ciudadanía. Sin embargo, el desafío a futuro es garantizar que este acceso no se convierta en un arma de doble filo, donde la información y la emoción del momento puedan distorsionar la justicia. Es responsabilidad de todos, desde los operadores judiciales hasta los ciudadanos de a pie, proteger la integridad del sistema acusatorio y asegurar que la justicia se administre de acuerdo con la ley, y no según los dictados de la popularidad o el clamor social.
