En anteriores editoriales publicados, hemos sido reiterativos sin sesgos ideológicos, que la salud de las finanzas públicas nacionales es incierta. No se vislumbra una luz a la salida del túnel que conduzca a encontrar soluciones estructurales a la gran problemática que presenta el gobierno nacional para financiar las inversiones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”. Las intensas negociaciones que se desarrollaron entre el gobierno nacional y los representantes de los camioneros dejaron un claro mensaje a la sociedad colombiana. Este gremio automotor doblegó al gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante cinco días los bloqueos paralizaron la dinámica productiva del país. El acuerdo que permitió reducir el alza decretada por el ejecutivo de $1.904 por galón de diésel, a $ 800, lo deja en las cuerdas flojas, porque ahora tendrá además del déficit actual acumulado le deja al Gobierno un hueco fiscal adicional de $ 10 billones anuales.
La pregunta que nos hacemos, ¿de dónde van a sacar la plata? Es muy preocupante el futuro financiero que presenta el Estado y las medidas adoptadas recientemente, no garantizan en el corto plazo, una solución definitiva para lograr el equilibrio de las finanzas nacionales. Si el ejecutivo no coge el toro por los cuernos y adopta una verdadera política pública de austeridad a través de la reducción de la excesiva fronda burocrática que han creado en los últimos dos años y el otorgamiento de menos subsidios que se han creado para apoyar a los sectores sociales, sin tener un soporte financiero que conduzca a tener los recursos para atender sus demandas sociales. Si esta situación no se adopta, la sociedad colombiana se verá abocada a una crítica profundización financiera, mayor en el resto de periodo que les queda de mandato. Con ello, se están sepultando las ilusiones de los movimientos políticos afectos al ejecutivo, de seguir teniendo el poder en el siguiente cuatrienio presidencial, así no lo quieran entender los lideres de estas organizaciones.
Además, la situación de orden público está alterada en la mayoría de las regiones del país. La inseguridad, extorsión, masacres, asesinatos, secuestros, hurtos, atracos, ataques salvajes a la institucionalidad del Estado y a las familias indefensas, desplazamiento forzado, y el reclutamiento de menores, entre otros delitos, están cimentando las bases para que más del 30% del territorio nacional, sea controlado por las organizaciones criminales. Por tal motivo, las familias que contribuyeron a la elección del presente gobierno nacional se encuentran arrepentidos de haberlo hecho, así la soberbia y la vanidad se hayan apropiado en los altos círculos del gobierno. La realidad es otra. Existe un desencanto por el actuar gubernamental. Aunque todavía es tiempo para enderezar las cargas, ojalá se pueda encontrar la verdadera confianza del constituyente primario para detener este caos que se nos avecina.
