El Ministerio Público señaló irregularidades en la selección de una empresa comercializadora de licor en 2016.
La Procuraduría General de la Nación ratificó una sanción en contra de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, por irregularidades detectadas en la selección de una empresa comercializadora de licor en 2016. El fallo, en segunda instancia, impuso a Romero una suspensión de cuatro meses, aunque al no estar ocupando un cargo de elección popular en la actualidad, la sanción fue conmutada por una multa de $31,8 millones.
La investigación se remonta a su gestión como gobernador de Nariño, cuando su administración adjudicó un contrato a la Organización de Licores de Nariño S.A.S. para la comercialización de 80.000 cajas de licor sin realizar el proceso de selección adecuado. La Procuraduría determinó que no se garantizó la igualdad de condiciones para otros oferentes, ya que solo una empresa tuvo acceso a la fijación de precios y condiciones del contrato.
«En el caso sometido a examen, se observa una total omisión frente a los deberes propios del gobernador, más aún si se tiene en cuenta que él dispuso del encargo al secretario de Hacienda para los asuntos urgentes de su despacho», declaró la Procuraduría. Este descuido fue considerado una falta grave en el ejercicio de sus funciones.
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El proceso
El proceso disciplinario contra Romero comenzó en 2016, poco después de la adjudicación del contrato, y ha tenido varias etapas. En 2023, el exgobernador fue suspendido por primera vez, una decisión que apeló, insistiendo en que no cometió ninguna irregularidad. Sin embargo, la reciente decisión de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular ratificó la falta y emitió la sanción económica.
El fallo señala que la administración de Romero no cumplió con la rigurosidad requerida en un proceso de selección pública, lo que generó una desigualdad entre los posibles participantes. «Durante el proceso, solo una empresa pudo conocer el decreto donde se fijaban los precios y escalas para la venta del licor, lo que limitó la transparencia del proceso», explicó la Procuraduría.
Romero cuestionó la decisión de la Procuraduría, afirmando: «Se cerró el proceso disciplinario en mi contra, ya no pueden inventarse nada más. Lo que me confirman es una multa, no una suspensión». Además, aclaró que el fallo no afectará sus funciones como embajador en Argentina.
“Procuraduría politizada”
A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Romero se pronunció sobre el tema: «Después de 7 años, y con una Procuraduría politizada, no se encontró acción irregular de mi parte y únicamente queda formalizada una multa económica por lo que la Procuraduría considera una omisión».
El caso de Camilo Romero es uno más de una serie de investigaciones a exgobernadores y funcionarios en Colombia, subrayando la importancia de la transparencia en la contratación pública y el seguimiento de las normas en procesos de licitación. Aunque la sanción no afecta su actual cargo diplomático, el proceso reaviva las tensiones políticas y las críticas sobre la actuación de las autoridades disciplinarias en el país.
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