Criticas de veeduría ciudadana al PAE departamental. El coordinador de la veeduría ciudadana al Programa de Atención Escolar en el Huila, Zoilo Chaux Jaramillo, señaló a Diario del Huila que la Gobernación ha incumplido los compromisos a los que se llegó en marzo de este año. La falta de información ha evitado que la veeduría haga seguimiento al programa.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Gustavo Patiño
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Huila ha sido objeto de una serie de críticas por parte de distintos actores sociales y comunitarios. Uno de los más vehementes ha sido Zoilo Chaux Jaramillo, coordinador de la Veeduría Ciudadana al PAE en el departamento, quien señaló con firmeza la falta de transparencia en la ejecución del programa, que atiende a más de 100.000 estudiantes en los 35 municipios a cargo de la Gobernación del Huila.
Chaux criticó la falta de respuesta de la Gobernación ante las inquietudes de las veedurías y ha insistido en que no se ha facilitado información clara sobre el desempeño de los supervisores del PAE. «Es lamentable que el señor Gobernador, durante seis meses, no haya respondido a nuestra solicitud de reunión con los operadores del PAE para aclarar las dudas que tenemos. No queremos mandos medios; queremos hablar directamente con el gobernador», subrayó Chaux, quien igualmente consideró que la falta de divulgación de las actas de los supervisores genera un vacío informativo que afecta la vigilancia ciudadana.
Malestar en la comunidad
Las declaraciones de Chaux reflejan un creciente malestar en la comunidad educativa y entre los veedores, quienes sostienen que el gobierno departamental ha incumplido los compromisos de transparencia y participación adquiridos en marzo de 2024. En esa fecha, se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Educación, encabezada en ese momento por Orlando Parga Rivas, los operadores del PAE y los veedores comunitarios, en la que se prometió trabajar de manera conjunta para garantizar una mejor prestación del servicio.
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En marzo de 2024, la Gobernación del Huila emitió un comunicado en el que se comprometía a mejorar la supervisión del PAE y a mantener una estrecha colaboración con las veedurías comunitarias para garantizar la correcta ejecución del programa en los establecimientos educativos. En una mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la gobernación, la Secretaría de Educación, representada por Parga, destacó la importancia de la labor de los veedores y los invitó a ser «los ojos en cada una de las instituciones educativas y municipios». Este encuentro contó con la participación de los cinco operadores que tienen a su cargo la prestación del servicio, quienes también prometieron atender las inquietudes de las comunidades y trabajar en pro de la calidad alimentaria.
Cinco zonas en el Huila
El PAE en el Huila está dividido en cinco zonas, cada una bajo la responsabilidad de un operador diferente, adjudicados tras un proceso de licitación pública. Según Alba Lucía Medina Rubio, directora del Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación, el proceso de selección contó con 13 proponentes, de los cuales cinco fueron seleccionados. Los valores adjudicados fueron los siguientes: para la Zona 1, que incluye municipios como Altamira, San Agustín y Elías, el contrato fue otorgado a la UT Macsol PAE 2024 por un valor de $11.100 millones.
En la Zona 2, que cubre municipios como Acevedo y Pital, el operador seleccionado fue UT Pacandé Huila por $11.300 millones. La Zona 3, que abarca municipios como Algeciras, Garzón y Gigante, fue asignada a la UT Sí Alimentos por un valor de $10.600 millones. En la Zona 4, que incluye Íquira, Paicol y La Plata, el contrato fue otorgado a UT Heliconias PAE 2024 por $10.100 millones, mientras que la Zona 5, que cubre municipios como Aipe, Palermo y Villavieja, fue adjudicada a la empresa Avoss por $11.500 millones.
A pesar de estos acuerdos y de los esfuerzos anunciados por las autoridades. La ejecución del PAE ha enfrentado serias dificultades, evidenciadas no solo por las críticas de las veedurías. Sino también por los problemas logísticos y de seguridad en algunos municipios.
Críticas de la Contraloría
Uno de los episodios más críticos en la implementación del PAE este año fue la demora en su inicio. Que fue objeto de un informe de la Contraloría General de la Nación. El ente de control señaló que el PAE en el Huila había empezado con retrasos significativos, afectando a los más de 100.000 estudiantes. En el caso del PAE regular, la prestación del servicio comenzó el 29 de enero de 2024, nueve días después del inicio del calendario escolar. Mientras que el PAE indígena inició aún más tarde, el 1 y 20 de marzo, dependiendo de la comunidad.
En respuesta a este informe, la Secretaría de Educación emitió un comunicado en abril de 2024 aclarando las razones detrás de estos retrasos. Según el documento, las demoras se debieron a ajustes necesarios en el proceso de licitación pública. Que fueron requeridos para responder a las observaciones de los oferentes. Y garantizar que los derechos de los proponentes fueran respetados. El entonces secretario de educación explicó que, aunque la audiencia de adjudicación estaba programada para el 12 de enero de 2024. El proceso se extendió hasta el 18 de enero debido a la necesidad de subsanar algunas propuestas.
PAE indígena
En cuanto al PAE indígena, el retraso fue atribuido a las reuniones necesarias para concertar los precios de las raciones alimentarias con las comunidades indígenas. Lo que tomó tiempo debido a las particularidades de la contratación con estas comunidades. A pesar de estos inconvenientes, la Gobernación aseguró que se cumplió con todas las normativas. Y que se hizo lo necesario para que el servicio comenzara lo antes posible.
Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para acallar las críticas, especialmente de aquellos que consideran que las demoras. Y la falta de información oportuna sobre el estado del programa afectan gravemente a los estudiantes. Quienes dependen del PAE para su alimentación diaria.
El PAE en Algeciras
Uno de los municipios más afectados por la interrupción del PAE fue Algeciras, donde las operaciones del programa se suspendieron desde el 26 de abril. Debido a presiones de grupos armados irregulares contra el operador del PAE en la zona. Esta situación dejó a 3.092 estudiantes sin acceso a los alimentos durante 31 días del calendario escolar. Lo que generó una gran preocupación en la comunidad educativa y entre las autoridades locales.
Parga informó que, tras un arduo trabajo en mesas de diálogo con actores sociales, autoridades municipales y nacionales. Y las comunidades educativas, se logró reanudar el PAE en Algeciras el 8 de julio de 2024. Esta reactivación del servicio benefició a estudiantes en 6 instituciones educativas y 55 sedes del municipio. De los 3.092 estudiantes atendidos, 714 de Jornada Única recibirían almuerzos completos. Mientras que el resto tendría acceso a un complemento alimentario en las jornadas am y pm.
Aunque la reanudación del programa fue vista como un paso positivo. La suspensión prolongada puso en evidencia las vulnerabilidades del PAE frente a factores externos, como los problemas de orden público. Y la necesidad de una mayor protección y garantías para que los operadores puedan cumplir con su labor sin interrupciones.
Promesas incumplidas
A pesar de los compromisos adquiridos por la Gobernación del Huila y los operadores del PAE en marzo de 2024. Las críticas de Zoilo Chaux Jaramillo dejan entrever que la situación dista mucho de estar solucionada. Según el coordinador de la Veeduría Ciudadana, no se ha cumplido con la promesa de transparencia y colaboración con las veedurías. Lo que impide realizar una adecuada vigilancia del servicio. «Es necesario que se hagan públicas las actas de los supervisores para que podamos ver qué está funcionando bien y qué no», insistió Chaux. Las críticas también apuntan a la falta de sanciones claras contra los operadores que no cumplen con los estándares de calidad. Para Chaux, el hecho de que no se divulgue esta información afecta la confianza de la comunidad en el programa. Y limita la capacidad de las veedurías para ejercer su función de control social.
