Según la Procuraduría, varios representantes legales de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y algunos jueces de la República estarían ordenando embargos sobre los recursos públicos de la seguridad social en salud, que por ley son inembargables, salvo excepciones establecidas por la Corte Constitucional.
Estas acciones contravienen las disposiciones legales y ponen en riesgo recursos fundamentales para la atención en salud.
El órgano de control ha trasladado estos casos a la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el operador disciplinario, para que se investiguen las actuaciones irregulares. Entre las E.S.E. implicadas en estos procesos se encuentran:
ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná
ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó
ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte
ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá
ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes
ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
ESE Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá
ESE La Anunciación de Mutatá
ESE Hospital de II Nivel de San Marcos
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ESE Hospital La Divina Misericordia de Magangué
ESE Hospital San Juan Bautista
ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara
Subred Integrada De Servicios de Salud Sur ESE
Nueva ESE Hospital Dptal San Francisco de Asís
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué
ESE Hospital San Francisco de Asís (Liquidado)
ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal
ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia
ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar
ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita
ESE Hospital San Agustín De Puerto Merizalde
ESE Hospital Local de Calamar
Lo más preocupante es que, según la Procuraduría, existe un cartel de abogados que estarían asesorando a los representantes legales de estas instituciones, recibiendo hasta el 30% de los recursos recaudados ilegalmente. Estos fondos, que tienen destinación exclusiva para la salud, estarían siendo apropiados mediante procesos administrativos de cobro coactivo que las E.S.E. no tienen la capacidad legal de adelantar.
Pese a que en marzo de 2023, el Ministerio Público emitió la Circular 002, recordando las restricciones legales para embargar recursos de la seguridad social, algunos jueces y directivos hospitalarios han ignorado estas disposiciones. Según las denuncias, incluso habrían presionado a entidades bancarias con amenazas de procesos judiciales y denuncias penales, buscando que se ejecuten las medidas de embargo ilegales.
La Procuraduría también ha puesto en conocimiento de la Superintendencia Financiera estas presiones indebidas hacia las entidades bancarias, con el fin de que se tomen medidas preventivas y se evite la ejecución de estas órdenes irregulares. Asimismo, alertó sobre las graves consecuencias que podría tener la desviación de los recursos de la salud, afectando la prestación de servicios esenciales en hospitales y centros de salud que dependen de estos fondos para su funcionamiento.
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