Las declaraciones de personas víctimas del conflicto armado, comparando el 30 de agosto del año 2023 con el mismo ‘corte’ en el 2024, en este último se recibieron, 347, frente al periodo anterior donde hubo 417. Una de las hipótesis manejadas es que el año pasado, hubo elecciones regionales y al parecer no se le presto mucha atención a esta problemática.
Entrando en contexto para indemnizar a las 9.659.204 de víctimas existentes en Colombia, se necesitan más de $60 billones. Y en el plan de desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, se aprobaron, $3.4 billones para este fin.
Asimismo, la Ley 2343 de 2023, amplió los términos para que aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado dentro de lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1448 de 2011.
Declaraciones por desplazamiento
En este sentido y para conocer las consecuencias de esta violencia, que principalmente afecta a la población civil, Diario del Huila, dialogó con Jorge Mancilla, coordinador del Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV) Huila, quien expresó: “al comparar teniendo como fecha el 30 de agosto en el año 2024, se han recepcionado 347 declaraciones de personas quienes señalan ser víctimas de la violencia, y en el 2023, hubo 417, se registraron más denuncias el año anterior”.
Una de las hipótesis manejadas por la entidad, es que en la vigencia anterior, se presentaron las elecciones regionales para gobernadores y alcaldes, y al parecer este hecho habría causado que no se le colocara cuidado a esta problemática.
“En cuanto a las declaraciones por este hecho, en el 2023 registraron, 376 declaraciones, y llegaron 1.173 personas desplazadas a Neiva, y en este año, hubo 306 declaraciones y 854 víctimas arribaron a la capital opita, casi 200 personas menos que la vigencia anterior. Estas afirmaciones son menores a 90 días, de hechos victimizantes recientes”, declaró el funcionario.
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Afirmaciones extemporáneas
Sí se acrecentaron las declaraciones extemporáneas, es decir las que son mayor a 90 días, debido a la entrada en vigencia de la Ley 2343 de 2023, la misma habilitó a las personas que no habían realizado este proceso anteriormente, para que lo hicieran en el transcurso de 2024.
“En este periodo tenemos 123 procesos de denuncia, frente a las 102 efectuadas en el 2023. Las que más aumentaron fueron por desplazamiento forzado, en esta vigencia, registraron 136 y en el 2023, 76. Ahora en este año, arribaron a Neiva, 383 personas declararon ser víctimas de esta situación, y el periodo pasado, lo hicieron 206”, dijo el coordinador.
Municipios generadores
Asimismo, se conoció lo siguiente: los territorios que más generan desplazados son Neiva, Algeciras, Tello, Baraya y Gigante. Y por grupos de personas, las familias integradas por dos miembros, son quienes más declaran con un 50%, de tres a cuatro, el 40%, y las demás de cinco personas, el 10%.
Solo hablando de la capital opita, gran porcentaje de los casos vienen del corregimiento de Vegalarga, centro poblado de San Antonio, asimismo de San Luis y Chapinero.
“En el CRAV, hemos atendido, 12.106 personas víctimas del conflicto de las 63.000 que se encuentran registradas en la capital opita. Y entre los servicios más consultados por este grupo poblacional, está la consulta del proceso de indemnización en un 35%, luego sigue la ayuda humanitaria en un18%, y consulta información para ver cómo va el proceso, son un 15% y actualización de datos diferentes procesos un 7%”, expresó el funcionario.
“De los afectados que llegan en Neiva, el 80% vive en el sector urbano, un 5% en el área rural, el 13% en otros municipios y el 2% en otros departamentos es increíble pero también nos llega gente de otras regiones a consultar acá”, indicó el coordinador.
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Víctimas asentados en las comunas
De ese 80%, el 24 por ciento vive en la comuna seis, le siguen la 8 y 9, cada una con un 18%, continua la 10. Ya en cuanto a las indemnizaciones y basados en información suministrada por la Unidad de Víctimas, se han entregado 449 cartas de indemnización por un valor de $4.075 millones.
Asimismo, hubo 38 declaraciones por amenazas y eso afectó a 100 personas, que llegaron a Neiva por esta problemática.
Siendo los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de desplazamiento forzado en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial, señaló en un informe la Defensoría del Pueblo.
Desplazamiento en las zonas PDET
En este orden de ideas, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública (CODHES), presentó el pasado 8 de agosto del presente año, un informe al Congreso de la República, sobre desplazamiento forzado masivo y múltiple (DMM).
Allí el organismo analiza desde el 24 de noviembre de 2016, a partir de la firma del Acuerdo de Paz, hasta el 30 de junio de 2024, los confinamientos y restricciones a la movilidad humana entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024. En ambos casos, se reportan una seria afectación en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Al respecto, Marco Romero Silva, director de CODHES, señaló que es preocupante que más del 80 por ciento de los casos de desplazamiento masivo y múltiple, se han dado en las zonas PDET y en el registro de víctimas, este ha aumentado en más de 1 millón de personas desde la firma del Acuerdo de Paz: “estamos hablando de una crisis humanitaria muy severa. Debemos reconocer que tenemos una crisis que se está agudizando y que la política de estancamiento de la implementación del Acuerdo de Paz, ha sido muy costosa para la población. Hay que exigir el respeto al Derecho Internacional Humanitario y buscar la manera para que en los procesos de paz no se cierren los ceses al fuego; hay que llamar a que haya más acuerdos humanitarios, más respeto al Derecho Internacional Humanitario y más acuerdos de cese al fuego”.
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Faltan recursos
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, lanzó del informe: Una Mirada a la Asistencia Humanitaria en el Territorio de 2023, un documento que detalla la situación de derechos humanos de la población colombiana en condición de movilidad forzada, desplazamiento y confinamiento, especialmente en territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales, donde constantemente se evidencia la vulneración a derechos de las comunidades.
A partir de estas mesas de trabajo realizadas, y encaminadas a evidenciar la situación de derechos de la población en movilidad humana, el organismo en mención demostró que los recursos son insuficientes para una respuesta inmediata, oportuna y diferenciada para esta población, la falta de coordinación y trabajo articulado entre las entidades estatales, las barreras de acceso a derechos de la población vulnerable en movilidad humana forzada, y la necesidad de implementar mecanismos de observación, verificación y monitoreo continuo de la situación de los derechos humanos de las personas afectadas.
