El fallo fue emitido luego de que Mario Aristizábal presentara un recurso de reparación directa por una suspensión de tres meses durante su mandato por parte del ente de control.
El Consejo de Estado emitió un fallo histórico en el que ordena a la Contraloría General de la República reparar los daños ocasionados al exgobernador de Caldas, Mario Aristizábal, debido a una suspensión provisional impuesta durante una investigación fiscal. La decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo establece que la suspensión del exgobernador no cumplió con los requisitos de necesidad y temporalidad.
El caso se remonta a una investigación iniciada por la Contraloría General en relación con el contrato de concesión No. 1 de 2006, durante el mandato de Aristizábal. En el marco de esta investigación, el entonces gobernador fue suspendido de su cargo por un periodo de tres meses y diez días, bajo el argumento de que su permanencia en el puesto podría poner en riesgo la preservación de pruebas. Sin embargo, el proceso de responsabilidad fiscal concluyó sin mayores consecuencias, ya que, aunque se demostró un detrimento patrimonial, este fue cubierto en su totalidad por el concesionario involucrado.
El recurso de reparación
A raíz de esta suspensión, Mario Aristizábal presentó un recurso de reparación directa, argumentando que la suspensión fue injusta y afectó su derecho a concluir el periodo para el cual fue elegido. El Consejo de Estado, si bien reconoció que la investigación fiscal era una carga que el exgobernador estaba obligado a soportar debido a la comprobación del detrimento patrimonial, determinó que la medida de suspensión provisional no estaba debidamente justificada.
La Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que la Contraloría General no acreditó la inminencia de afectación a las pruebas que pudiera derivarse de la permanencia de Aristizábal en su cargo. Además, el fallo señala que la entidad demandada no presentó pruebas suficientes que demostraran que el uso de medios menos restrictivos de los derechos del investigado sería ineficaz para preservar los elementos materiales de prueba.
Derechos políticos afectados
La decisión también subraya que la suspensión impidió al exgobernador concluir su mandato, afectando no solo sus derechos políticos, sino también su reputación como funcionario público. En este sentido, el Consejo de Estado ordenó a la Contraloría General reparar los daños ocasionados por esta medida desproporcionada, reconociendo que la suspensión provisional, al no cumplir con los requisitos legales, fue un acto indebido que vulneró los derechos del exgobernador.
Este fallo sienta un precedente importante sobre la correcta aplicación de medidas cautelares en investigaciones fiscales y refuerza la necesidad de que los órganos de control actúen bajo los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
