Con ese nombre defino lo que ha querido hacer el gobierno de Gustavo Petro con su manido proyecto de ley, por la cual pretende crear una Jurisdicción Agraria de bolsillo, en documento que recién ha presentado a consideración del Congreso de la Republica.
Este proyecto de ley ha sido materia de críticas y censuras por parte de algunos congresistas y por otros opinadores a través de interesantes artículos, como los publicados en la revista semana, en periódicos locales y nacionales. La Senadora Paloma Valencia, el exmagistrado Dr Jaime Alberto Arrubla Paucar, el columnista Aurelio Suarez Montoya de la revista Semana, entre otros analistas del tema.
En la ley 135 de 1.961, llamada Ley Agraria, o Ley Lleras, disposición aprobada durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1,962 en el tema de la “expropiación de tierras” introdujo la posibilidad de que el Estado adquiriera tierras privadas para su redistribución, bajo ciertas condiciones. Se estableció que la expropiación seria aplicable cuando las tierras no estuvieran siendo explotadas adecuadamente o cuando no se cumplieren con los principios de función social y ecológica de la propiedad, conceptos fundamentales en la ley. Pero ojo con este, ¡pero!: La ley estableció que los propietarios de tierras expropiadas debían ser compensados o indemnizados con un valor justo, determinado según el uso y productividad de la tierra.
La ley Lleras, en resumen, permitía la expropiación de tierras como un mecanismo para fomentar le equidad en el acceso a la tierra, siempre bajo criterios de interés social y con plena garantía de compensación e indemnización para los propietarios afectados.
La distinguida senadora Paloma Valencia en su columna de los lunes en el Diario del Huila afirmo que, pese a que en el Congreso le ha sido negada en dos oportunidades al gobierno la ley de expropiación de tierras, ahora este quiere que le aprueben una iniciativa similar, pero bajo el principio de permanencia agraria, figura confiscatoria de la propiedad que el ejecutivo disfrazaría mediante un aval oficial a la invasión de las tierras. Ese concepto le daría al invasor bajo la lupa del gobierno, si este considera que el asaltante tiene alguna actividad que pueda ser considerada como productiva en el terreno no se podrá desalojar. Un verdadero atraco a los propietarios, pues el invasor puede alegar que sembró, por ejemplo, un colino de mata de plátano. Y no lo podría sacar nadie,
Si el esperpento se aprueba, los dueños bien habidos se jodieron con este gobierno pirata.
En esos mismos términos opino el exmagistrado Jaime Alberto Arrubla en su columna de los viernes, pero fue en su criterio mucho más allá afirmando que con ese proyecto de ley lo que pretende el gobierno de Petro es darle un golpe de estado a la rama jurisdiccional del poder público, en su justicia ordinaria, para separar el tema de la tierra, que siempre ha sido de su competencia.
Como podemos ver señores, el monstruo de Lerna aparece con sus devoradoras cabezas por todos lados. Alguien tiene la obligación de cortárselas y cauterizárselas para que no se reproduzcan más. El refrán campesino dice que, a la culebra hay que matarla por la cabeza. Julio Bahamon.
