La situación de orden público, es penosa y grave, por ende desde el Ministerio Público, señalaron que deben visibilizarla por mandato constitucional. En este ámbito, la Defensoría del Pueblo, repartió oficios de las 22 recomendaciones que hizo la entidad a través de la Comisión Intersectorial, dirigido a todas las instituciones que deben incidir en esta problemática de violencia.
Y los municipios más afectados por el accionar de los grupos armados, se encuentran: Neiva, Tello, Baraya y Colombia.
Violencia y población
En este sentido la Comisión Intersectorial para la respuesta a la Alerta Temprana, analizó si están cumpliendo las recomendaciones dadas en anteriores situaciones, al respecto, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila manifestó: “se ha podido detectar a través de los seguimientos y monitoreos en los territorios, la existencia de conductas victimizantes que perjudican a la población civil. Por ejemplo las extorsiones, reclutamiento de menores de edad, control social y la interposición de la gente entre grupos al margen de la ley que no están sentados en la mesa de negociaciones y las Fuerza Militares”.
Les preocupa que la gente se encuentre sitiada frente a esta situación de fuego ‘cruzado’, que no permite el uso y goce de esos bienes jurídicos relevantes, por ende “nuestra institución tiene la necesidad de dar a conocer esta situación que está ocurriendo, que es penosa, gravosa y debemos visibilizarla. Recordemos que hay unos grupos al margen de la ley con sus economías ilegales, quienes se encuentran negociando la Paz total con el Gobierno Nacional, sin embargo hay unos que no hacen parte de las conversaciones, entonces la georreferenciación de estos grupos, dificulta el actuar de las Fuerzas Militares para salvaguardar a los huilenses”, denunció la abogada.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/la-inseguridad-en-neiva-tiene-asfixiada-a-la-ciudadania/
Las ‘tareas’
“Estuvimos en el desarrollo de esta gran apuesta que es distribuir los oficios, de las 22 recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo, a través de la Comisión Intersectorial para todas las entidades, cuya competencia es incidir ante la problemática vinculada al conflicto”, agregó la funcionaria.
La entidad tiene ocho Alertas Tempranas actuales, la número 022 de 2024, subsume aquellas que están vigentes en el Departamento, entre las que se encuentran la 010 de inminencia, y deja en marcha ocho Alertas, de las cuales dos ya tienen oficio de consumación, es decir lo que advirtieron que iba a suceder ya ocurrió.
“Esta situación nos pone en un escenario muy difícil frente a la protección de los derechos de los colombianos en este en este sector del país, por supuesto en el departamento del Huila. La Comisión del Ministerio Público, presidida por el procurador regional, verifica los compromisos de estas anteriores comisiones intersectoriales”, dijo la profesional del derecho.
Entidades que la integran
De esta delegación hace parte la Fiscalía General, Policía, Ejército, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección, Unidad para la Atención a las Víctimas.
“Para que dentro de las 22 recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo, se comprometan dentro de sus competencias, a sacar adelante lo que les corresponda para mitigar todos estos hechos victimizantes, que ya están agobiando a la población y que cada día son peores, incluso atacan a jóvenes, niños, adultos mayores, nadie se salva. Extorsionan personas que viven del día a día, por ejemplo vendedores ambulantes”, denunció la funcionaria.
La abogada indicó que esta situación preocupa a la entidad, “es decir muy importante se subsume la Alerta 010 del año anterior, que correspondía a los municipios de Tello, Baraya y Neiva, y en la 022 de corte estructural, se aumenta el municipio de Colombia con todas sus veredas, no se salva ninguna. En todos estos entes territoriales se registran hechos victimizantes por ejemplo: extorsiones, desplazamiento forzado de núcleos familiares individuales y colectivos, reclutamiento de menores de edad con pertenencia étnica o sin ella hablando de Íquira y Paicol”.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/la-inseguridad-en-neiva-tiene-asfixiada-a-la-ciudadania/
Mecanismos de advertencia
En este sentido las Alertas Tempranas, son un instrumento de advertencia del hecho victimizante, donde se da una georreferenciación del hecho violento y la población afectada.
De manera posterior el Ministerio Público junto a la Procuraduría, “se analiza sí las entidades están cumpliendo o no desde sus competencias, y de no hacerlo, se ven abocadas a investigaciones disciplinarias y penales, por no hacer lo que les corresponde realizar dentro de sus funciones. Por supuesto se han cumplido algunas tareas, no podemos ser negativos a ello, pero también es cierto que faltan unas por efectuar, porque si hubiese sido eficaz, esa misión encomendada por la institucionalidad, tal vez no se habrían dado los documentos de consumación de los riesgos”, explicó la funcionaria.
Y por medio de estos instrumentos de advertencia, genera unas alertas y unos posibles riesgos, los mismos pasan de la posibilidad a la realidad, es decir se consuman y si se consuman es lamentable, porque ya habían sido advertidos.
Alerta número 022
En este aspecto, la Alerta 022, refiere a riesgos de violación a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, libertades civiles y políticas e infracciones al Derecho Internacional Humanitario para la población civil de los entes territoriales ya mencionados.
Siendo consideradas en riesgo diferencial, líderes y defensores de derechos humanos, sus organizaciones y colectivos, sectores de liderazgo y defensa social, comunal y comunitaria, debido al endurecimiento de las normas de control social impuestas por el Estado Mayor Central.
Este advertencia vincula a los firmantes del Acuerdo Final de Paz-2016, sus familias y organizaciones. Esto destacando el riesgo amplio y continuo para los procesos asociativos y productivos creados en el marco de la reincorporación social y económica de la población.
Al igual que servidores públicos, tanto del área rural y urbana, y los menores de edad con grave riesgo de reclutamiento, también los consumidores de estupefacientes.
Zonas con programas de Desarrollo
Asimismo, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública (CODHES), presentó el pasado 8 de agosto del presente año, un informe al Congreso de la República, sobre desplazamiento forzado masivo y múltiple (DMM).
Allí el organismo analiza desde el 24 de noviembre de 2016, a partir de la firma del Acuerdo de Paz, hasta el 30 de junio de 2024, los confinamientos y restricciones a la movilidad humana entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024. En ambos casos, se reportan una seria afectación en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La violencia los ‘encerró’
Y en cuanto a situaciones, donde la comunidad por culpa de la violencia, no ha podido salir de sus domicilios, en julio de 2024 se reportaron y registraron tres eventos de confinamiento en los departamentos de Arauca y Valle del Cauca.
“En zonas rurales del municipio de Arauquita, ,la primer situación se registró en la vereda Lejanías, donde 66 familias tuvieron que confinarse en razón de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Nacional de Colombia, además de la constante presencia de grupos armados no estatales”, evidenció la entidad.
Y en la vereda el Cesar, 60 familias quedaron confinadas, por la continua presencia de actores armados ilegales, y las confrontaciones que ello conlleva.
