Declaran calamidad pública en el Huila. Con diez incendios activos y más de doce mil hectáreas arrasadas por los incendios, además del reporte del IDEAM de las variaciones en la temperatura en la región, el Gobierno Departamental decidió declarar calamidad pública por seis meses para atender la emergencia.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Gustavo Patiño
Declaran calamidad pública en el Huila. El Huila enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años debido a los incendios forestales que han devastado miles de hectáreas de vegetación en diversas zonas del territorio. Ante esta situación crítica, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera ha decretado el estado de calamidad pública por un período inicial de seis meses, medida que busca coordinar y optimizar los esfuerzos de las autoridades locales, nacionales y la comunidad internacional para mitigar los daños y prevenir nuevas catástrofes.
La declaratoria se oficializó tras una reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se analizó el impacto de los incendios forestales en el marco de la segunda temporada de menos lluvias. Durante la sesión, en la que participaron representantes de diversas entidades y organismos de socorro, se evaluó la gravedad de la situación, que ha dejado a varias comunidades rurales sin acceso a recursos básicos, afectando gravemente la flora y fauna local.
Una medida urgente
El gobernador Villalba destacó la urgencia de la medida, explicando que se trata de un paso necesario para movilizar recursos y personal en la lucha contra los incendios. “Nos reunimos de manera extraordinaria con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos para analizar la situación del departamento. Fue una reunión de varias horas hasta tarde de la noche, y, ante la magnitud de los hechos, optamos por declarar el estado de calamidad pública”, expresó Villalba.
El Huila ha sido particularmente golpeado por la temporada seca, lo que ha generado incendios incontrolables en varias zonas rurales. Según el último balance de las autoridades, actualmente hay diez incendios activos en seis municipios, los cuales han afectado un total de 12,569 hectáreas de pastos, rastrojos y arbustos. Los municipios más afectados incluyen a Palermo con 3 incendios activos, Neiva con dos, Aipe con uno, El Agrado con un incendio, – Campoalegre con dos incendios activos y Villavieja con uno.
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La crisis es severa
Estos incendios no solo han causado estragos en los ecosistemas, sino que también han puesto en peligro a las comunidades aledañas, obligando a algunas familias a evacuar sus hogares ante la proximidad de las llamas. En Palermo, el más afectado de todos los municipios en emergencia, el fuego ha destruido vastas áreas de cultivos, lo que ha generado una crisis agrícola que podría tener repercusiones económicas en los próximos meses.
Villalba subrayó la magnitud del problema al señalar que “la gran mayoría de los incendios son provocados por malas prácticas agrícolas. Ya le hemos dicho a las autoridades que nos denuncien, esto es un delito”. Las autoridades gubernamentales han mostrado su preocupación frente a la responsabilidad humana en la generación de los incendios y la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenirlos.
Altas temperaturas
Uno de los factores que más ha contribuido al empeoramiento de la situación es el aumento significativo de las temperaturas, tal como lo ha reportado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Según el pronóstico climático, se espera que las temperaturas en gran parte del país suban entre 0.5 °C y 2.0 °C durante los meses de septiembre y octubre, lo que agrava la vulnerabilidad del departamento frente a nuevos incendios.
En municipios como Villavieja y Neiva, ya se han registrado temperaturas históricas, alcanzando los 42 °C y 40 °C respectivamente, cifras que no se habían visto en años recientes. Este aumento de las temperaturas, sumado a la falta de lluvias, ha creado las condiciones ideales para la propagación de incendios. “Este informe del IDEAM me motivó mucho para tomar esta decisión el día de hoy. Es lo que nos espera, un mes más de estas temperaturas o superiores”, señaló Villalba, subrayando la urgencia de la situación. El IDEAM ha indicado que es probable que las temperaturas comiencen a descender a partir de la segunda mitad de octubre con la llegada de la temporada de lluvias. Sin embargo, la variabilidad del clima a nivel global ha generado incertidumbre en torno a estos pronósticos, y las autoridades locales mantienen un estado de alerta permanente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
Las acciones a desarrollar
La declaratoria de calamidad pública permite a las autoridades locales y nacionales activar mecanismos de respuesta más efectivos para atender la emergencia. Entre las principales acciones que se podrán implementar con esta medida se incluyen mayor atención y coordinación entre entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Esto facilitará el envío de equipos humanos y materiales, así como la disposición de recursos físicos para combatir los incendios de manera más eficiente. Igualmente, la colaboración interinstitucional e internacional, lo que permitirá que se solicite ayuda externa si la situación lo requiere. Villalba mencionó que, de ser necesario, se buscará cooperación internacional para reforzar los esfuerzos locales. “Nos ha aconsejado la Unidad Nacional que inclusive hay que buscar cooperación internacional si lo requerimos”, afirmó el gobernador.
También se ha planteado la creación de un Plan de Acción Específico – PAE, orientado a la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios y la recuperación de las comunidades impactadas. Este plan será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades involucradas en la gestión de la emergencia. También se harán traslados presupuestales para garantizar que los recursos financieros necesarios estén disponibles en el momento oportuno. La medida de calamidad pública facilita la reasignación de fondos para cubrir los costos de las operaciones de emergencia y la recuperación.
Podrá prorrogarse
Villalba subrayó que, aunque la declaratoria inicial será de seis meses, esta podrá ser prorrogada o levantada antes, dependiendo de la evolución de la emergencia. “Por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de este decreto, sin perjuicio de su prórroga o de la declaratoria anticipada de retorno a la normalidad, lo que aspiro que así sea en los términos señalados en la ley para adelantar las acciones necesarias”, explicó.
Los incendios forestales no solo han afectado el paisaje y la biodiversidad del Huila, sino que también han tenido un impacto significativo en las comunidades rurales. Los campesinos que dependen de la agricultura han visto cómo sus cultivos se reducen a cenizas, lo que genera una incertidumbre económica que podría prolongarse durante varios meses. Además, la pérdida de cobertura vegetal ha afectado a la fauna silvestre, desplazando a muchas especies de sus hábitats naturales y provocando desequilibrios en los ecosistemas locales.
La destrucción de zonas boscosas también incrementa el riesgo de erosión del suelo. Lo que puede tener efectos duraderos en la calidad de la tierra para futuras actividades agrícolas. En este contexto, el gobernador Villalba ha insistido en la necesidad de tomar medidas a largo plazo. Para prevenir nuevas emergencias y garantizar la recuperación de las áreas afectadas. “Con esta declaratoria, no solo buscamos enfrentar la emergencia actual, sino también sentar las bases para una recuperación sostenible de nuestro departamento”, concluyó.
Medidas a largo plazo
La emergencia por los incendios en el departamento del Huila ha puesto sobre la mesa. La necesidad de que los gobiernos departamental, nacional y locales implementen planes a largo plazo para la mitigación del cambio climático. Se hace fundamental que, desde los territorios afectados, con apoyo de la gobernación y la nación. Se destinen recursos para el cuidado de ecosistemas estratégicos no solo en las zonas rurales, sino en los cascos urbanos. Estos planes deben ser incorporados mediante políticas públicas con financiamiento debidamente definido, que evite que los recursos sean utilizados en otros fines.
