A medida que avanza el accionar del actual mandato presidencial, se van cumpliendo los juicios de valor esbozados en esta tribuna de opinión, desde su inicio de su posesión, que si se persistía con la adopción de las medidas alcabaleras de incrementar los impuestos a los agentes económicos del país, iban a generar dificultades en la demanda agregada, cuyas consecuencias iban a ser nefastas para el bienestar de las familias colombianas. También recordamos los enunciados de algunos columnistas que semanalmente publican su pensamiento, sobre la incertidumbre que presentan las finanzas públicas nacionales y territoriales, dada la coyuntura macroeconómica que presenta las condiciones adversas por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica del país. No estamos en contra del gobierno nacional. Desafortunadamente los indicadores del comportamiento financiero así lo demuestran. En toda organización publica o privada, solo cuentan los resultados. Los bajos recaudos tributarios obtenidos así lo demuestran, porque han obligado al gobierno nacional a adoptar ajustes sobre la carrera que conduzcan a buscar el equilibrio de éstas.
Hemos sido reiterativos que mientras se mantenga un gasto publico desbordado y mientras persista una disminución de los ingresos tributarios durante los primeros ocho meses de la presente vigencia será muy difícil que se puedan cumplir on el plan de inversiones establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”. El ataque permanente al sector empresarial, el aumento de la criminalidad en el país, que tiene controlado el 30% del territorio colombiano, la destrucción paulatina de Ecopetrol, que es la principal fuente de ingresos para el gobierno nacional y los fallos adversos de la Corte Constitucional en contra de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, están generando un debilitamiento progresivo de los ingresos tributarios del país. Algunos sectores de opinión se han atrevido a afirmar, que, una vez terminado el periodo presidencial de Gustavo Petro, el 6 de agosto de 2026, la economía colombiana quedará más destruida que el parque Nacional de Bogotá, cuando los indígenas Emberas abandonaron el Parque Nacional de Bogotá hace dos semanas.
Por tal motivo, todos los gobernadores y alcaldes del país han puesto el grito en el cielo, por los anuncios gubernamentales de reducir los recursos destinados a las obras públicas de los entes territoriales para la próxima vigencia. Es una estocada mortal para el desarrollo social, económico y de infraestructura productiva para las regiones colombianas. Para la vigencia de 2024, el Huila dejará de percibir el 16% de lo prometido por el gobierno nacional. Es un duro golpe para la incipiente economía regional provocado por el gobierno del cambio. Para el 2025, se prevé recibir el mismo monto del presente año, el cual quedó reducido a 1,519 billones de pesos. Muy grave este panorama financiero, para nuestro departamento. Así como van las cosas, éste se puede empeorar.
