“Continuar con los diálogos es la vía para acabar con la violencia en Colombia”, fue el llamado que hizo desde Arauca la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la presentación de un diagnóstico sobre la compleja situación de derechos humanos y conflicto armado que vive ese departamento del oriente del país.
Sin embargo, la defensora fue clara al afirmar que los diálogos deben ser coherentes entre el discurso y la acción. “El principal gesto de paz y gesto político es el respeto por los derechos humanos de la población y el derecho a la vida, solo así los grupos armados van a tener credibilidad en ese carácter político que pretenden reivindicar en la mesa de negociación”, dijo Marín Ortiz en sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
En lo que va del 2024 han sido reportados 101 homicidios de población civil a causa del conflicto armado, que incluyen 15 lideresas y líderes sociales. A pesar del elevado subregistro, se ha podido conocer que este año han sido retenidas 127 personas, de ellas 15 han sido asesinadas; 60, liberadas, y de las 52 restantes no se cuenta con información.
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“Tristemente, (Arauca) es uno de los departamentos que enfrentan más violencia y vulneración de derechos humanos en el país”, manifestó la Defensora del Pueblo, quien añadió que “la situación es de extrema gravedad y no nos podemos acostumbrar a esto”.
La Defensora agregó que el primer compromiso de los grupos armados ilegales con la paz es el respeto por la vida, por el derecho internacional humanitario (DIH), así como con el cumplimiento de las normas humanitarias para continuar los procesos de conversaciones.
Mientras en Boyacá, líderes y lideresas de víctimas del conflicto armado, se congregaron para discutir los avances y retos en la reparación integral. Y en un acto simbólico, la Mesa hizo un llamado urgente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Gobierno nacional para retomar las negociaciones de paz, que se encuentran en crisis tras el ataque a una unidad militar en Arauca.
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