Con un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmaron el Decreto 1231 de 2024, que redefine el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
La normativa, que reemplaza el Decreto 1070, establece lineamientos más estrictos para garantizar un uso diferenciado, proporcional y racional de la fuerza, y ya ha entrado en vigor desde el 3 de octubre.
El cambio más destacado de esta nueva normativa es la prohibición explícita del uso de armas de fuego y de fuerza letal en la protección de bienes materiales o jurídicos de menor valor que la vida humana. Esto significa que, en situaciones como las manifestaciones o disturbios que afecten infraestructura, como la quema de Comandos de Atención Inmediata (CAI) observada en el estallido social, los uniformados no podrán recurrir a fuerza letal para defender estos bienes.
Enfoque en derechos humanos y seguridad ciudadana
El decreto subraya la obligación de los agentes de priorizar la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Establece que todo el personal uniformado de la Policía debe aplicar la fuerza de manera diferenciada y proporcional, siempre en función de la seguridad y la convivencia ciudadana. Se recalca que el uso de la fuerza solo estará permitido cuando sea estrictamente necesario y deberá estar alineado con un objetivo legítimo de la ley.
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Reformando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo Esmad)
Uno de los puntos clave es la transformación en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (anteriormente conocida como Esmad), que también estará sujeta a estas nuevas directrices. El decreto establece que la fuerza solo podrá emplearse de manera proporcional y razonada, y solo cuando sea absolutamente imprescindible para mantener el orden, prevenir delitos o realizar detenciones legales.
La normativa precisa que los policías deberán agotar todos los métodos alternativos antes de recurrir a la fuerza, incluyendo la disuasión verbal y el diálogo. Este enfoque preventivo busca minimizar el riesgo de violencia durante intervenciones en situaciones de conflicto o manifestaciones.
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