En Colombia, los líderes sociales se han convertido en una especie de ‘mártires’, quienes ponen en riesgo sus vidas, al denunciar hechos victimizantes, entre ellos el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad, pandillas. Algunos con más ‘suerte’, los grupos armados, les respetan la vida, pero los obligan a abandonar sus predios y a salir del territorio, una especie de destierro violento.
Este grupo poblacional no solamente recibe amenazas de los actores armados, sino en las ciudades, también son víctimas de grupos de delincuencia común, por denunciar expendios de estupefacientes.
La situación sigue siendo alarmante para los defensores, líderes y activistas de derechos humanos en el país y reflejo de ello son las 87 vidas que, a corte de junio de 2024, cobra la violencia.
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Política de seguridad
Y en lo relacionado a la crítica situación de seguridad, registrada en el departamento del Huila, donde el pasado fin de semana actores armados, perpetraron una masacre en zona rural del municipio de Acevedo.
Debido a ello, organizaciones sociales del Huila, líderes de derechos humanos, sindicalistas, campesinos e indígenas, se reunieron el pasado 20 de septiembre del año en curso, al respecto Jefferson Pacheco, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih) señaló “nos reunimos 23 procesos organizativos y en ese espacio acordamos, llegar a acuerdos para poder impulsar la constitución de la Mesa Territorial de Garantías, que tiene como principal objetivo discutir toda la política en materia de seguridad, protección y no repetición en contra de líderes y lideresas”.
“Tememos que existen más de 15 líderes, lideresas y personas que ejercen estas labores en varias zonas rurales, quienes vienen siendo objeto de amenazas, primero porque están abanderando causas, visibilizan las problemáticas y segundo por ser dueños de establecimientos comerciales, cuentan con ingresos mensuales, y a quienes les han llegado mensajes de texto”, expresó Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo seccional Huila.
Según los investigadores, estas personas son citadas a lugares apartados, donde los obligan a adquirir una serie de compromisos para cancelar las sumas exigidas.
Gran porcentaje de estos hechos victimizantes, se registran en los municipios de Algeciras, Neiva, Villavieja, Tello, La Plata, Baraya, Campoalegre y Rivera.
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Pronta instalación
En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Adih, anunció “esperamos que la Gobernación del Huila, pueda convocar este espacio, ya notificamos a la Defensoría del Pueblo para que ella en materia digamos de lo que le corresponde en el tema normativo, asumir la secretaría general de este instrumento, para que convoque el comité de impulso, y de esta manera empezar a definir la fecha para su instalación, que podría darse el próximo mes de noviembre”.
Con esta Mesa, buscan analizar ¿cuál es la política para la protección de todos los líderes? “analizar las situaciones en contexto, por eso queremos ampliar el número de organizaciones, en ese momento nos encontramos 23 en ese proceso, sin embargo se pueden sumar otros colectivos del Departamento, para tener obviamente una voz amplia, que nos permita digamos saber y conocer la situación en los territorios y a través de una política gubernamental, se puedan mitigar todo los tipos de riesgo”.
En la cita, no solamente abordaron temas de conflicto armado, también urbanos, relacionados con afectaciones al micro y narcotráfico, pandillas y demás, donde existen amenazas e intimidaciones e incluso hablaron de ‘limpieza social’, dijo el directivo.
Las complejidades
El objetivo es atender todas las formas de violencia, además de los hechos materializados por los actores armados.
“Hay un riesgo permanente y latente para las personas que ejercen estos liderazgos, y es aquí donde la conformación de la Mesa de Garantías, se hace necesaria, porque si las comunidades se quedan sin líderes, es difícil que se alcen voces para que atiendan las necesidades de las comunidades”, resaltó el vocero.
En cuanto a las regiones con más riesgo para ejercer liderazgos, se encuentran Pitalito, La Plata, la zona norte del Huila y Neiva.
La voz de la Corte Constitucional
En este sentido, según la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, veinte líderes sociales y defensoras de derechos humanos (en adelante población líder y defensora de derechos humanos) interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y la Procuraduría General de la Nación. Las y los accionantes consideran vulnerado su derecho fundamental a defender derechos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección por parte de las autoridades accionadas.
Y en las sentencias T-439 de 2020, T-469 de 2020, T-111 de 2021 y T-105 de 2022, la Corte Constitucional destacó la grave situación de protección de la vida de la población líder y defensora de derechos humanos y de sus colectividades. A su juicio, la defensa de los derechos es “una actividad que implica la asunción de importantes riesgos, más aún si se tiene en cuenta el contexto del conflicto armado que ha padecido el país, que los hace sujetos de vulnerabilidad.”
Quienes señalaron que pese a los esfuerzos institucionales en defensa de los líderes sociales, las cifras de victimización contra esta población resultan alarmantes. Ni la pandemia ni un descenso general en la tasa de homicidios del país han logrado mermar la violencia contra los líderes sociales. Esta preocupante tendencia se refleja en las principales fuentes de información, tanto de la sociedad civil como del Estado y de la comunidad internacional.
La Corte, ha identificado distintas formas de violencia e intimidación de la población líder y defensora de derechos humanos. Desde campañas de difamación y amenazas de muerte, hasta la desaparición forzada, torturas y asesinatos.
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‘Rutas de papel’
“No solamente los amenazan, sino que los desplazan de sus territorios, tienen que dejar todas sus pertenencias abandonadas, o se ven obligadas a prácticamente regalar los predios, para salvar algo”, resaltó la lideresa.
En este sentido, y debido al reclutamiento forzado de menores de edad, es importante que las Ruta de Atención, se conviertan en estrategias que permitan evitar esta cruel práctica. Asimismo, los funcionarios en los territorios, también al revelar las declaraciones, pueden ponerse en riesgo.
Los actores armados, se ensañan con los líderes sociales, “porque somos los quienes damos a conocer los casos, realizamos las denuncias y escuchamos a la población que no es atendida y quieren que nosotros seamos su voz”.
Ya para finalizar, hasta el 5 de octubre de 2024, Indepaz ha contabilizado 138 líderes sociales que han sido víctimas de la violencia en Colombia. El caso número 137 corresponde a Jairo José Rodríguez Rueda, quien perdió la vida el viernes en Arauca. Era presidente del comité de Trabajo de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, Arauquita. El hecho ocurrió entre su vereda y Filipinas, en los municipios de Tame y Arauquita.
Esta situación genera preocupación debido a la reciente violencia que también afectó a Didier Vargas, identificado por Indepaz como otro líder social, asesinado la semana anterior.
