Entre las razones expuestas por Andrés Idárraga, destaca el corto plazo de menos de dos meses establecido para la ejecución del contrato, incluyendo actividades como la parametrización de software y pruebas previas al escrutinio.
El secretario de Transparencia de Colombia, Andrés Idárraga, ha solicitado la suspensión inmediata de la adjudicación del contrato N° SA 06 de 2024 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), valorado en más de $41.000 millones, destinado a los procesos electorales del país. La razón principal detrás de esta petición son las presuntas irregularidades que podrían favorecer a un solo contratista, Thomas Greg & Sons, restringiendo la competencia entre oferentes.
La controversia ha escalado a nivel nacional, y el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en respaldo de la solicitud. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Petro lanzó fuertes críticas contra la empresa, afirmando: «La toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana». El presidente también dejó entrever un posible malestar con el canciller Luis Gilberto Murillo, quien ha liderado conversaciones con la empresa en un intento de que retire una demanda millonaria contra el Estado colombiano relacionada con la licitación de pasaportes.
Principales irregularidades
Entre las razones expuestas por Idárraga, destaca el corto plazo de menos de dos meses establecido para la ejecución del contrato, incluyendo actividades como la parametrización de software y pruebas previas al escrutinio. Según el secretario, este tiempo es insuficiente para cualquier contratista que no haya ejecutado previamente un contrato similar con la Registraduría, lo que claramente beneficiaría a Thomas Greg & Sons, que ha manejado contratos similares en el pasado.
Otra irregularidad detectada es que la Registraduría ha solicitado entregables en fechas previas al cierre del proceso de selección, lo que resulta contradictorio, ya que estas actividades deberían ser realizadas una vez el contrato esté en ejecución y no como parte de las propuestas presentadas.
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Además, se ha señalado que la experiencia exigida a los oferentes, certificada únicamente por la autoridad electoral oficial de Colombia en los últimos 10 años, restringe la participación de empresas que no hayan trabajado directamente con la Registraduría, limitando así la competencia.
Restricciones para oferentes extranjeros
A pesar de que el proceso está abierto a empresas extranjeras, estas verían limitado su acceso por requisitos específicos como el alistamiento, transporte y distribución del material electoral en todo el territorio colombiano. Asimismo, deben acreditar haber gestionado contratos directamente, sin subcontratistas, una exigencia que podría excluir a muchos posibles oferentes.
Idárraga también cuestionó la falta de claridad en la definición del valor del contrato, que presenta una variación de aproximadamente $20.000 millones entre las cotizaciones recibidas. Esta diferencia sustancial podría significar un encarecimiento innecesario o una reducción en la calidad de los servicios prestados.
El secretario concluyó que estas irregularidades no solo podrían impactar la transparencia del proceso, sino también comprometer la adecuada prestación de los servicios electorales en Colombia, razón por la cual ha instado a la suspensión inmediata de la adjudicación hasta que se realicen las correcciones necesarias.
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