Luz al final del túnel: El contratista deberá entregar nuevos camiones. Luego de una audiencia convocada por la Contraloría Departamental, el contratista se comprometió a dar solución con una nueva propuesta el próximo 28 de octubre. Se espera que, luego de la revisión de la gobernación, el proceso se ‘destrabe’.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Gustavo Patiño
Luz al final del túnel: El contratista deberá entregar nuevos camiones. El pasado viernes 4 de octubre, la Contraloría Departamental del Huila lideró una audiencia pública participativa en el Club Los Lagos, con el fin de exponer ante la comunidad los avances y controversias relacionadas con el contrato 059 de 2023, que ha generado gran debate debido a la adquisición de seis camiones cisterna destinados a los cuerpos de bomberos de varios municipios del departamento. El contratista, cuestionado por la entrega de vehículos que no cumplen con las especificaciones requeridas, se comprometió a presentar un plan de solución definitivo para el 28 de octubre. Dicho plan deberá ser revisado y aprobado por la Gobernación del Huila.
Este contrato, originado en la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta del año 2023 debido a los incendios forestales que afectaron al departamento, fue inicialmente diseñado para dotar a los bomberos de Pitalito, La Plata, Garzón, Neiva, Campoalegre y Rivera de camiones cisterna adecuados para combatir incendios y atender emergencias. Sin embargo, la demora en la entrega de los vehículos y la discrepancia entre los vehículos entregados y los solicitados, ha suscitado gran preocupación y malestar en los cuerpos de bomberos de los municipios que serían beneficiados por la adquisición de los vehículos.
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‘Los bomberos tenían razón’
Durante la sesión ordinaria de la asamblea del pasado martes, el diputado del departamento del Huila, Alfadil Ortigoza, se mostró firme en su respaldo a las reclamaciones hechas por los cuerpos de bomberos. «Los bomberos tenían la razón que definitivamente fue una cosa a la que se contrató muy diferente a la que se pretendía entregar», afirmó Ortigoza, reconociendo que los vehículos suministrados por el contratista no corresponden a los especificados en el contrato.
Ortigoza también resaltó la participación del Ministerio de Transporte, cuyo delegado fue claro al afirmar que los tractocamiones entregados «bajo ninguna condición podían homologarse para que fueran tipo camión cisterna de actividad bomberil». Lo que reforsó las preocupaciones de los bomberos, quienes desde hace meses vienen denunciando que los vehículos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para su labor.
Además, el diputado hizo un llamado a la vigilancia constante sobre este proceso, manifestando que «estaremos perdiendo otro mes» si no se busca una solución efectiva para la entrega de los camiones. Según Ortigoza, tras la reunión se llegó al acuerdo de que el 28 de octubre se presentará una solución definitiva, y aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de un acuerdo entre las partes, insistió en la necesidad de monitorear de cerca este proceso para evitar más demoras. «Esperamos que más temprano que tarde se pueda resolver», añadió.
Dos emergencias después y nada
El contrato 059 de 2023 fue firmado en el marco de la emergencia ambiental ocasionada por los incendios forestales del año anterior, una temporada de verano que puso en jaque la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos del Huila. La Gobernación del Huila, mediante la declaratoria de calamidad pública, adjudicó un contrato por 4.300 millones de pesos para la adquisición de cinco camiones cisterna, con la posterior adición de un sexto vehículo. Dentro de los recursos para esta adquisición, los municipios que se verían beneficiados, hicieron igualmente aportes junto con la gobernación.
El objetivo de este contrato era fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos de los municipios más afectados por los incendios, dotándolos de vehículos adecuados para la atención de emergencias. No obstante, las entregas se retrasaron, y cuando finalmente llegaron los vehículos, las autoridades locales y los mismos bomberos notaron que los tractocamiones entregados no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas.
Andrés Felipe Vanegas Mosquera, contralor departamental del Huila, destacó la importancia de la audiencia pública para transparentar el proceso y permitir que las partes del contrato explicaran las razones detrás de las demoras. Según Vanegas Mosquera, la audiencia permitió documentar en detalle «en qué se ha suscitado las demoras en la entrega de los vehículos», señalando que la principal causa ha sido la divergencia entre «si el vehículo entregado por el contratista corresponde a aquel contratado por el Departamento».
No a los tractocamiones
Durante la audiencia, el contratista presentó tres opciones de solución, aunque solo una fue aceptada por el gobierno departamental. La opción aprobada consiste en la entrega de camiones en lugar de tractocamiones, lo que cumpliría con las especificaciones contractuales. Sin embargo, el contratista también sugirió la posibilidad de realizar ajustes en el contrato debido a las variaciones en los precios de los vehículos, una propuesta que fue rechazada por la Gobernación del Huila, quien argumentó que «no había lugar a ello». A pesar de esto, el contratista tiene la opción de hacer reclamaciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.
Vanegas Mosquera informó que se acordó una nueva reunión para el 28 de octubre, en la que se espera que el contratista presente un plan definitivo de solución. «Lo que se busca es que de estas reuniones se decante y se resuelva el nudo que se ha generado en torno a este contrato», afirmó el contralor, añadiendo que es crucial que los cuerpos de bomberos reciban los vehículos que necesitan para enfrentar futuras emergencias.
El contrato 059 de 2023 ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, no solo por las demoras en la entrega de los vehículos, sino también por las irregularidades en las especificaciones técnicas de los mismos. Este panorama ha llevado a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigaciones preliminares sobre el proceso.
Vigilancia de los entes de control
Según Andrés Felipe Vanegas Mosquera, «la Contraloría General de la República ya tiene una indagación preliminar por estos hechos», lo que indica que el organismo de control nacional está revisando el proceso contractual para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en la adjudicación o ejecución del contrato. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación también está investigando el caso, lo que aumenta la presión sobre el contratista y la administración departamental para encontrar una solución efectiva.
El contralor departamental insistió en la necesidad de que estas investigaciones continúen, ya que es fundamental garantizar la transparencia en un contrato que involucra recursos públicos significativos y tiene un impacto directo en la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos frente a emergencias. «Lo que se busca es que de estas reuniones se decante y se resuelva el nudo que se ha generado en torno a este contrato», reiteró Vanegas Mosquera.
La próxima reunión programada para el 28 de octubre será crucial para el futuro de este contrato. En ella, participarán no solo la Gobernación del Huila y el contratista, sino también los cuerpos de bomberos y los municipios que han cofinanciado el proyecto. La expectativa es que en esta reunión se presente un plan de solución que permita cumplir con las especificaciones técnicas del contrato y entregar los vehículos que los cuerpos de bomberos tanto necesitan.
Vigilancia constante
Por su parte, el diputado Alfadil Ortigoza expresó su esperanza de que esta reunión permita avanzar hacia una solución definitiva, pero advirtió que es fundamental que todas las partes mantengan una vigilancia constante sobre el proceso. Ortigoza subrayó que el contratista reconoció que «ni jurídica ni técnicamente los carros cumplen» con las especificaciones del contrato original.
Aunque se ha avanzado en la búsqueda de una solución, el proceso aún está lejos de resolverse completamente. Las investigaciones en curso por parte de la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, así como la vigilancia constante de los diputados y la comunidad, serán determinantes para asegurar que el contrato 059 de 2023 se ejecute de manera correcta y que los bomberos de Pitalito, La Plata, Garzón, Neiva, Campoalegre y Rivera reciban los camiones cisterna que necesitan para proteger a sus comunidades frente a futuras emergencias.
