Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y junio de 2024 se registraron 23.826 casos de violencia intrafamiliar, añadiendo que los eventos de violencia en el contexto de pareja alcanzaron los 20.217 casos, afectando principalmente a mujeres.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo llamó a toda la institucionalidad gubernamental a poner en marcha políticas públicas, reales y efectivas, que permitan avanzar en la erradicación de la violencia de género, pues tiene conocimiento, a partir de su trabajo realizado en los territorios y el funcionamiento de su App Contigo, de 47 feminicidios acaecidos entre enero y mayo de este año en el país.
Y a junio de 2024, fueron notificados al Instituto Nacional de Salud, a través de los registros en instituciones prestadoras de servicios de salud, un total de 66.621 casos de violencia de género.
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Estrategias aplicables en el país
En este sentido, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sostuvo en Washington una reunión clave con el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), en la que se discutieron y revisaron las experiencias y buenas prácticas en la región, para enfrentar la violencia de género y promover la garantía de los derechos de las mujeres rurales del país.
Ya en el marco de la reunión, la funcionaria confirmó que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y junio de 2024 se registraron 23.826 casos de violencia intrafamiliar, añadiendo que los eventos de violencia en el contexto de pareja alcanzaron los 20.217 casos, afectando principalmente a mujeres.
“Se hace fundamental unir esfuerzos para lograr una igualdad y equidad de género. Nos retroalimentamos con todo lo que está haciendo OEA (CIM) y va a servir muchísimo para seguir luchando por la perspectiva de género y el enfoque diferencial liderado por la nueva Procuraduría”, explicó la jefe del Ministerio Público.
Finalmente, en el encuentro con los altos miembros del organismo internacional, también se exploró la posibilidad de que el órgano de control se sume a los esfuerzos del Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales de las Américas (2024-2034), enfocándose en la erradicación de la exclusión, discriminación y violencia que sufren las mujeres rurales.
“Nuestro rol es ser aceleradores de la implementación de políticas públicas claras y financiadas, vigilando su cumplimiento para que cada mujer en Colombia, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, puedan vivir en condiciones de equidad y libres de violencias”, enfatizó la procuradora general.
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Hechos confirmados
Ahora, a corte del mes de junio del año en curso, fueron notificados al Instituto Nacional de Salud, a través de los registros en instituciones prestadoras de servicios de salud, un total de 66.621 casos de violencia de género. El director general de la entidad, hizo un llamado a la cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia, especialmente contra la mujer y los niños, quienes son los más vulnerados.
Ahora, la violencia de género se constituye en un problema de salud pública que, para el caso de Colombia, se concentra en las poblaciones más vulnerables, y es más frecuente en mujeres, con las implicaciones que lleva para el mantenimiento de su salud y el ejercicio de sus derechos en salud.
Según, Giovanny Rubiano García, director general del INS: “una mujer violentada tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con su salud mental, así como una mayor dificultad para acceder a la atención de las distintas causas de enfermedad y muerte en la mujer, que tienen relación con la salud materna, reproductiva, sexual y otras.”
A no revictimizar
Además, el INS hace un llamado a las autoridades, medios de comunicación e internautas a seguir estas recomendaciones para darle un manejo ético, respetuoso y contribuir en la generación de conciencia sobre la responsabilidad de las formas de comunicar en la persistencia de estos hechos.
El Observatorio Nacional de Salud (ONS) de la misma entidad, en aras de fomentar la protección de la dignidad de las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y de sus familias, recuerda la responsabilidad de medios de comunicación y la sociedad en general con acceso a redes sociales, sobre la existencia de la “Guía para informar sobre las violencias contra las mujeres en los medios de comunicación”, elaborada por periodistas en contra de las violencias contra las mujeres y el PNUD.
“Las violencias basadas en género son un serio problema de salud pública y reflejan las profundas desigualdades existentes en nuestra sociedad. Su intervención pasa por la forma en que los medios de comunicación manejan la información respecto a este tipo de hechos, que no perpetúen los estereotipos machistas, ni revictimicen”, refiere Carlos Castañeda Orjuela, director del ONS del INS.
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La atención hecha por la Defensoría
A su turno, la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la entidad atendió en el mismo un total 3.710 casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD). En comparación con el mismo periodo del año anterior, hubo un aumento del 36% en las atenciones.
Resulta preocupante que siga predominando la violencia psicológica, con 2.783 casos; le siguieron la física, con 1.461; económica, 1.158; patrimonial, 746, y la sexual, con 577 casos. Es importante remarcar que, en un solo hecho atendido, pueden ser registrados diferentes tipos de violencia.
Los cinco departamentos donde se concentró el mayor número de atenciones de violencia basada en género fueron Bolívar, con 333 casos; Antioquia y Norte de Santander, con 321 casos cada uno; Valle del Cauca, con 294, y Cundinamarca, con 258.
La ‘App Contigo’
Y con la implementación de su App Contigo, la Defensoría ha logrado el registro de casos y solicitudes en tiempo real, notificándoles a sus Duplas de Género gestionar la atención a las víctimas o personas que están en riesgo de violencia de género, violencia por prejuicio o trata de personas. Esta gestión ha permitido, de manera oportuna y eficaz, mejorar en gran medida el tiempo de respuesta institucional.
No obstante, los entes competentes deben ponerles freno a las violencias que continúan afectando a mujeres y personas OSIGD que, como víctimas, deben encontrar una respuesta institucional oportuna, para que sus derechos a la vida e integridad no sigan siendo vulnerados.
Ya para finalizar, durante la XXXVII Asamblea de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América del Sur en Barranquilla, la vicepresidenta Francia Márquez denunció la alarmante impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en Colombia. Según datos de Medicina Legal, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se reportaron 630 feminicidios, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Márquez, subrayó la necesidad de una colaboración efectiva entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, incluyendo la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura. Afirmó que la actual impunidad no solo favorece a los victimarios, sino que también socava la confianza en el sistema judicial.
