Hay que recordar que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión del pasado 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por Gustavo Francisco Petro, candidato; Ricardo Roa, gerente de campaña.
En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por $3.709.361.342 millones.
Analiza el apoyo suministrado
Ahora el 22 de enero de 2024, tres personas quienes se identificaron como ‘servidores de Policía Judicial’, con el fin de dar cumplimiento con lo ordenado por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, allanaron las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en Bogotá.
En este sentido Jairo Losada, presidente de la Asociación Nacional de Institores Huilenses (Adih), señaló. “Las organizaciones populares, sindicales, siempre han apoyado a partidos políticos que participan en procesos electorales, lo han hecho señores de otras colectividades, en las cuales se ha demostrado la presencia de recursos de empresas privadas a campañas presidenciales”.
El directivo, agregó “como organización sindical comprometidos en la defensa de la educación pública, que estamos ‘empujando’ la reforma del Sistema General de Participaciones, buscamos que la escuela sea territorio de paz, nos identificamos con una campaña electoral y Fecode, decide apoyar este partido político, sin embargo, esos recursos no fueron dados Gustavo Petro, como lo quieran hacer ver. Eso crea un sin sabor en la democracia”.
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Los señalamientos
Según lo señalado por el Consejo Nacional Electoral, quien decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por Gustavo Francisco Petro, candidato; Ricardo Roa, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera, María Lucy Soto y Carlos Lemus, auditores; al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.
Adicionalmente, por la presunta financiación prohibida, al recibir aportes de las personas jurídicas: 1) Federación Colombiana de Trabajadores de La Educación – Fecode; 2) Ingenial Media S.A.S. y 3) Unión Sindical Obrera – USO.
Por último, al Movimiento Político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica (UP), en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y de presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la Coalición Pacto Histórico, por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial, con fuentes de financiación prohibidas.
Investigaciones de los magistrados
El presidente de la Adih, cuestionó lo siguiente, “como el magistrado huilense, Álvaro Hernán Prada, que está siendo investigado por delitos graves a la democracia, que tiene indagaciones por falsos testigos, uno se pregunta ¿con que criterios éticos y morales?, va a enjuiciar a un hombre que le ha aportado tanto a Colombia, se han visto los resultados a nivel económico, de inflación y salud”.
Hay que recordar que en el mes de mayo del presente año, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio en contra del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, señalado de haber cometido el delito de manipulación de testigos en el proceso que afronta el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, cuando cumplía con su labor como congresista.
“La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia resuelve no decretar la nulidad de lo actuado conforme lo solicita el defensor del procesado”, leyó el magistrado Ariel Torres, a cargo del caso, con lo que la investigación en contra del exparlamentario y miembro del CNE seguirá bajo la competencia del organismo y negó la tesis de que el mismo, fuera de dominio de la Fiscalía General de la Nación.
Ya el presidente Gustavo Petro hizo señalamientos contra el exrepresentante a la Cámara por Huila, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y, con un corto, pero contundente mensaje, atacó al exparlamentario. “Simplemente, este señor no tiene ninguna autoridad para juzgarme porque se considera mi enemigo político”, expresó el mandatario.
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Proceso de dejación de cargo
De manera posterior, el docente agregó: “así digan que esta investigación no afecta al presidente de Colombia, que no lo van a sacar del cargo, está empujando a un proceso de dejación del puesto, y va a pasar igual a lo ocurrido cuando fue alcalde de la capital del país, es lo que llamamos el ‘golpe blando’, por eso las centrales obreras convocamos a los sectores populares, el próximo 23 de octubre del año en curso para realizar una nueva jornada de movilización, porque los maestros que hemos visto el trabajo realizado por el gobierno, no vamos a permitir que estos ‘sinvergüenzas’, lo quieren sacar con trampas y montajes”.
Y ante la posibilidad de una investigación contra Fecode, por financiar la campaña presidencial, el directivo resaltó. “Aquí hay una mala intención, perversidad, porque el partido Centro Democrático, siempre ha tenido en la ‘mira’ a Fecode y lo han expresado sus senadores, porque ellos creen que la educación es un servicio, y esperan que sea entregada a los mercaderes, hasta nos han tildado de ‘adoctrinadores’, por eso enlodan a esta organización, para así quitarle la personería jurídica, por eso se va a demandar al Consejo Nacional Electoral, por esas mentiras”.
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¡No reconocerán la decisión!
Por su parte, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, aseguró que no piensan reconocer la decisión del CNE, pues la consideran fuera del marco legal. Y ratificó lo que anunció el vicecanciller Jorge Rojas Rodríguez respecto a la solicitud de medidas provisionales para el presidente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo el organismo en mención en el pasado”, dijo el abogado.
«El CNE genera una situación que puede derivar en un proceso para destituir al presidente de la República y a la vicepresidente», dijo en su declaración el vicecanciller Jorge Rojas Rodríguez.
Agregó que el CNE podría tramitar ese proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara. «Ahí ya hay un proceso de investigación contra el presidente«, dijo. Añadió que el presidente pide que se ponga en evidencia pública las 33 pruebas y los tres procesos judiciales que están en la Comisión para que haya transparencia.
En ese sentido, el Artículo 199 de la Carta Magna indica: “el Presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.
