Por: Ernesto Cardoso Camacho
Los sistemas democráticos que se rigen por un Estado Social de Derecho como el establecido en nuestra Constitución, constituyen la garantía ciudadana para que se conserve el equilibrio entre Política y Derecho. Históricamente la sociedad humana ha requerido de las normas jurídicas para su adecuada convivencia, donde el debate político e ideológico siempre estará presente.
La disposición constitucional del artículo 113 que define la estructura en la organización del Estado, precisa la existencia de las tres ramas del poder público pero también señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas aunque deben colaborar de manera armónica en la realización de sus fines.
Este preámbulo conviene recordarlo para intentar una reflexión serena y objetiva acerca de la gran polémica jurídica que se ha generado sobre la decisión adoptada por el C.N.E de formular pliego de cargos en relación con la financiación y los topes de la campaña que llevó al presidente Petro al poder; polémica que por la inevitable relación entre Derecho y Política, también ha generado gran alboroto en los círculos políticos y sociales del país.
Para ello, es indispensable hacer una primera precisión. La formulación del pliego de cargos es una decisión administrativa que inicia un procedimiento de confrontación de pruebas donde el debido proceso como garantía constitucional debe ser de obligatorio cumplimiento. A su vez, la ley define unos tiempos para que el trámite administrativo se desarrolle desde su inicio, aspecto en el cual la atribución y competencia del Consejo Electoral, ha debido iniciarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la elección de segunda vuelta, es decir, desde el 20 de junio de 2022, hecho que al parecer no ocurrió.
Por otra parte, la gran discusión jurídica se ha centrado en un elemento político que el propio presidente ha denominado el inicio del golpe blando para sacarlo del poder. En esta discusión, existen realidades constitucionales y legales sobre los aspectos esenciales de la competencia del Consejo Electoral en relación con la persona del candidato Petro, convertido en presidente electo desde el 19 de junio de 2022 en las primeras horas de la noche.
En estas circunstancias, es evidente que el tema jurídico deberá ser el protagonista, aunque desde luego tendrá las inevitables consecuencias políticas. En este aspecto lo más seguro es que estaremos los colombianos abocados a marchas y contramarchas, como el preludio anticipado de las elecciones del 2026. La confrontación política agudizará la polarización, escenario en el cual se acrecentará también la incertidumbre, donde la situación económica, la crisis fiscal de la Nación, la intensificación de la violencia propiciada por los grupos armados ilegales, la insoportable inseguridad ciudadana, los escándalos de corrupción; entre otros preocupantes factores sociales; nada bueno le traerá a los colombianos cada día más frustrados con la irresponsabilidad de nuestra clase dirigente.
En este lamentable episodio institucional el Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, la cual de paso debe señalarse que no tiene funciones jurisdiccionales; ha enredado la discusión jurídica al resolver un conflicto de competencias entre el C.N.E y la Comisión de “absoluciones “ de la Cámara; no obstante que les dio la razón a cada uno de los interesados, pues si bien es cierto reiteró la competencia constitucional y legal del Consejo para investigar la campaña electoral del presidente, al mismo tiempo ratificó que por gozar el presidente del fuero constitucional, la competencia para investigarlo y sancionarlo es exclusiva de dicha Comisión.
De aquí se deriva lo que al parecer configuraría el error de la decisión, pues en el comunicado leído por el propio presidente del Consejo Electoral, allí se menciona el cargo contra la persona del presidente Petro.
De igual manera hay que decirlo con franqueza. Toda esta confusión jurídica precisamente por las implicaciones políticas que la rodean, ha sido mal informada por los principales medios de comunicación que como bien se sabe, se han convertido en amplificadores de los intereses políticos en juego, azuzando la polarización y el desgaste institucional. Al punto que ya estamos viendo como la revista Semana le está sirviendo de plataforma política a su prestigiosa directora Viky Dávila para convertirla en precandidata presidencial.
Mientras todo este circo institucional ocurre, se formula el llamado del presidente a un Acuerdo Nacional, escenario en el cual mantiene su rígida censura a los jefes de los partidos opositores; pero curiosamente sus congresistas avanzan en la aprobación de las polémicas reformas especialmente en Cámara. Todo parece indicar entonces que el tal acuerdo sirvió solamente para elegir el Procurador postulado por el presidente, donde los congresistas de todos los partidos, los de gobierno y oposición, se repartirán la frondosa y atractiva burocracia del Ministerio Público.
Estamos entonces los colombianos presos en la misma tragicomedia institucional entre la política y el derecho, donde sus actores principales juegan a sus personales intereses; mientras la mayoría de ciudadanos unos fanáticos, otros decepcionados con los políticos, y la inmensa mayoría silenciosa nos preocupamos por la economía, la seguridad, la justicia, y demás servicios a cargo del Estado.
