La creciente preocupación entre los organismos de control en Colombia se intensifica tras el reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, que revela que al menos 100 procuradores enfrentan serias amenazas de muerte. Estos funcionarios, responsables de la veeduría y control, se encuentran en una situación de alto riesgo, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad y los peligros asociados a su labor en distintas regiones del país.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
En septiembre se registró un ataque contra el personero de Tuluá, mientras que un funcionario de Cali ha recibido amenazas de grupos armados. La Federación Nacional de Personeros exigió un mayor compromiso del Gobierno nacional.
La preocupación ha crecido entre los organismos de control luego del último informe de la Procuraduría General de la Nación, que reveló que al menos 100 procuradores en todo el país están en peligro de muerte debido a su labor de vigilancia y control.
Uno de los casos más destacados es el de Gerardo Mendoza, personero de Cali, quien ha reforzado su seguridad tras recibir amenazas relacionadas con sus denuncias sobre la presencia del ELN en la ciudad y su apoyo a líderes sociales en riesgo. Mendoza alertó a las autoridades después de que dos individuos en motocicleta fueran vistos cerca de su residencia. No obstante, la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó las amenazas como un “riesgo ordinario”, por lo que no le otorgaron un esquema de seguridad reforzado como esperaba.
Este caso es parte de una problemática más amplia en Colombia. Según datos de la Procuraduría General, los personeros municipales han experimentado un incremento en las amenazas en 2024. Entre el 1 de enero y el 2 de julio de este año, 110 personeros han reportado intimidaciones, lo que ha generado inquietud entre estos funcionarios, quienes sienten que el país está regresando a épocas de violencia intensa.
“He sido objeto de hostigamientos tras mis declaraciones contundentes sobre la presencia del ELN en la ciudad y el apoyo a líderes sociales amenazados de muerte en las comunas 21 y 16”, declaró Mendoza.
Sin embargo, este no es un caso aislado. El 21 de septiembre de 2024, se produjo un atentado contra Óscar García, personero de Tuluá, que, aunque no dejó heridos, evidenció las fuertes amenazas en su contra.
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Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), subrayó que esta situación no es nueva, recordando que entre 2002 y 2020 se registraron 12 asesinatos de personeros. No obstante, el reciente atentado contra García ha resaltado nuevamente la gravedad del riesgo que enfrentan estos funcionarios.
Los personeros tienen la tarea de proteger los derechos humanos y supervisar la gestión pública, lo que a menudo los confronta con sectores que buscan intimidarlos para frenar sus denuncias. Arzuaga señaló que las amenazas provienen tanto de grupos ilegales como de administraciones locales incómodas con su trabajo disciplinado.
“Por un lado, hay un aumento evidente de las acciones de grupos al margen de la ley, pero también existe un patrón recurrente: cuando los personeros empiezan a ejercer su labor de forma disciplinada y coherente con sus funciones, se vuelven incómodos para algunas administraciones locales. Es una combinación de factores”, explicó Arzuaga.
El caso de Tuluá es particularmente alarmante, pues García había estado denunciando irregularidades en la administración local, lo que podría haber motivado el ataque en su contra. Aunque no se ha confirmado la autoría, existen indicios que sugieren posibles vínculos con la administración municipal.
“No podemos asegurar al 100% que el atentado y las amenazas provengan de la Administración Municipal, pero hay varios indicios que apuntan en esa dirección, porque él lo ha señalado en todos los medios”, añadió el director de Fenalper.
Frente a esta situación, la federación, con el apoyo de Usaid, está impulsando un proyecto de autoprotección para los personeros, dado que las respuestas de las entidades estatales no siempre son efectivas. Arzuaga resaltó la necesidad de medidas de protección más rápidas y adecuadas para prevenir futuros ataques.
“Hacemos un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de todas las autoridades para que no dejen solos a los personeros en sus territorios. En algunos casos, como en Cauca, estos funcionarios han optado por desplazarse y atender desde las cabeceras municipales o las capitales. Imaginen un municipio sin su defensor de derechos humanos”, concluyó Arzuaga.
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