Por: Juanita Tovar Sandino
juanitatovarsandino@gmail.com
La justicia en Colombia está atravesando un momento sumamente complicado. La eventual radicación del proyecto de reforma, impulsado por la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, busca modificar leyes clave como el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), y otras normativas relacionadas. Este proyecto, llamado “Por una justicia pronta y eficaz”, busca enfrentar las profundas fallas estructurales del sistema. Sin embargo, la realidad demuestra que la problemática es más compleja y va más allá de la mera mora judicial o la infraestructura tecnológica.
Uno de los principales problemas que aquejan a la justicia colombiana es la desconfianza que la ciudadanía siente hacia sus instituciones. Las reformas propuestas intentan responder a la ineficiencia operativa del sistema judicial, que se manifiesta en la sobrecarga de casos, la impunidad y la falta de recursos tecnológicos. No obstante, la raíz del problema está en cómo las personas perciben a la justicia: como una institución corrupta, manipulable por quienes tienen poder económico o político, y donde las decisiones judiciales no siempre parecen ser el resultado de una correcta aplicación del derecho, sino de factores externos, como la capacidad del litigante para influir en el proceso.
La mora judicial es uno de los síntomas más visibles de esta crisis. Según estadísticas recientes, muchos casos permanecen años sin resolverse, lo que no solo afecta a las víctimas, sino que también debilita la confianza en el Estado como garante de derechos. Además, el sistema judicial, a pesar de estar colapsado, no ha logrado implementar de manera efectiva tecnologías que agilicen los procesos, como el uso de sistemas en línea o audiencias virtuales. Aunque la reforma menciona la modernización, la pregunta que surge es si realmente hay voluntad política y recursos suficientes para que estas medidas se traduzcan en cambios reales y efectivos.
Pero el problema va más allá de lo técnico. La percepción de corrupción en la justicia ha calado profundamente en la sociedad colombiana. Escándalos recientes que han involucrado a magistrados, jueces y fiscales han mermado la confianza en el sistema. De acuerdo con la Corte Suprema, uno de los riesgos de la reforma es la “privatización” de ciertas funciones judiciales, como la propuesta de otorgar a los notarios facultades que, tradicionalmente, han sido jurisdiccionales. Este tipo de medidas, aunque planteadas como una solución a la sobrecarga de trabajo de los jueces, podría aumentar la percepción de que la justicia está a la venta y que solo los más poderosos pueden acceder a una defensa efectiva.
Otro punto crítico que enfrenta la justicia es la impunidad. Con una tasa de impunidad que supera el 90% en muchos delitos, especialmente en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, la ciudadanía siente que el sistema no castiga a los responsables, sino que los protege. Las causas son múltiples: desde la falta de personal capacitado hasta la presión que ejercen los grupos de poder sobre los jueces y fiscales, todo contribuye a que los delincuentes escapen de la justicia.
Por último, uno de los aspectos más preocupantes es cómo el sistema judicial ha perdido su carácter de guardián de la ley y se ha convertido en un campo de batalla político. La politización de la justicia ha debilitado su independencia, y esto se refleja en decisiones que parecen más influenciadas por las coyunturas políticas que por la estricta interpretación del derecho. La reforma, si bien busca ajustar estos desbalances, no aborda de manera contundente este problema, lo que deja dudas sobre su efectividad a largo plazo.
En conclusión, aunque la reforma a la justicia es necesaria y aborda problemas estructurales como la mora judicial y la modernización tecnológica, la crisis de fondo es mucho más compleja. La ciudadanía ha perdido la confianza en un sistema que percibe como corrupto y que no castiga adecuadamente a los culpables. El desafío más grande no está solo en mejorar la eficiencia, sino en recuperar la legitimidad de la justicia y garantizar que los fallos sean producto de un análisis riguroso del derecho, y no de intereses externos o económicos. Sin esa confianza, cualquier reforma será solo un parche temporal que no resolverá los problemas estructurales de fondo.
P.D. El viacrucis para realizar un trámite ante la Superintendencia de Vigilancia Privada, como el desmonte de un blindaje vehicular, es un reflejo del desgaste que sufren los ciudadanos ante la ineficiencia del sistema. Procesos que, en teoría, deberían ser simples, como solicitar el retiro de un blindaje, pueden extenderse por más de un año debido a la falta de capacidad institucional y la complejidad burocrática. Este tipo de situaciones no solo genera frustración, sino que además refuerza la desconfianza en las instituciones, evidenciando un problema estructural en la capacidad del Estado para responder de manera ágil y eficaz a las necesidades de los ciudadanos.
