Alfredo Vargas Ortiz
Orgullosamente Docente y Abogado, Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho, Universidad Nacional de Colombia
Las razones detrás de la violencia extrema a la que asistimos en el departamento del Huila pueden ser variadas. Una de ellas es la ausencia de políticas serias en materia de seguridad y convivencia, cuya debilidad es evidente. Los grupos insurgentes atacan a la fuerza pública, extorsionan, reclutan a menores y secuestran nuevamente. La delincuencia común y organizada se apodera de las ciudades y los campos, afectando a la población civil, mientras todos permanecemos atónitos ante la latente ausencia del Estado.
En nuestra ciudad capital, la población civil ha optado por revivir la pena capital, y resulta aterrador ver cómo la mayoría de las personas validan esto como un logro social. Volvemos al «viejo oeste», donde las armas y la violencia parecen ser el único recurso para sobrevivir en un mundo hostil y escabroso, en el que el uso de la fuerza es la única herramienta para resolver conflictos y garantizar nuestra seguridad. Hoy, la vida parece valer lo que cuesta un celular, una cadena o cualquier objeto de valor.
Lo mencionado anteriormente nos lleva a una sociedad que no avanza, sino que retrocede. No retrocede porque la tan mencionada «Política de Seguridad Democrática», legitimada por quienes avalaron el despojo, los falsos positivos y los ríos de sangre en nombre de la seguridad, hayan logrado avances en este aspecto. Retrocedemos porque validamos la muerte como una práctica para resolver los conflictos. Es momento de utilizar la razón y no la emoción, que, aunque genera votos, también quita vidas.
Es hora de sacar los lápices y reflexionar sobre cómo el Huila es uno de los departamentos más pobres de Colombia, con bajos niveles educativos. En Neiva, la pobreza monetaria afecta al 42,3% de la población, lo cual es preocupante, considerando que el ingreso per cápita no supera los $539.393 mensuales. Al recorrer nuestras calles, barrios y asentamientos informales, donde el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar y la pobreza extrema son el pan de cada día, uno se pregunta: ¿Lo que necesitamos es una política de seguridad más fuerte, o una política social más robusta?
Guerrilleros, policías y delincuentes comunes tienen algo en común: son personas de extracción humilde, muchos sin oportunidades de estudiar, trabajar o vivir en condiciones dignas. Algunos han sido víctimas de la violencia y, en parte, están en un entorno donde esta es una forma de venganza contra quienes, en el otro extremo, lesionaron sus derechos o los de sus familiares. Somos un país del «ojo por ojo», y como diría Gandhi, nos estamos quedando ciegos.
A las instituciones educativas, universidades y demás entidades públicas y gubernamentales les corresponde recuperar el verdadero sentido de la vida, promoviendo un diálogo intensificado y apostando decididamente por un país que invierta en la educación desde la cuna hasta la tumba, tal como lo planteó la Misión de Sabios y lo expresó nuestro Premio Nobel Gabriel García Márquez.
Necesitamos una cultura del trabajo, que dignifique nuestra existencia; una cultura del autocontrol de nuestras emociones, para contener ese impulso asesino que nos ha llevado a ser uno de los países con preocupantes índices de homicidio (más de 13 mil víctimas al año). Es imperativo darle un giro a la educación para que, con lápices en lugar de armas, cambiemos este país.
