Alfonso Vélez Jaramillo
Mientras que en Colombia no exista un organismo serio y garante de la confianza del pueblo y persistan en el decadente Consejo Nacional Electoral CNE, para dirimir los conflictos electorales, siempre coexistirá un manto de duda sobre la actividad política y sobre los propios dirigentes políticos que no quieren cambios.
Una democracia plena demanda para su legitimización el fomento de los derechos políticos de la ciudadanía en condiciones de igualdad, con todas las garantías y sin la persecución que exteriorizan hoy día en esa desacreditada corporación.
Un magistrado, según la constitución política, está encargado de” hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social.
Sin embargo, asistimos a un debate mediático y cruel contra la figura del presidente de la Republica Gustavo Petro, que a la luz de la opinión pública pone en la picota pública la capacidad moral y ética para legitimar la inspección y control de los procesos electorales, que en ultimas genera más dudas sobre la actividad política.
En columna anterior señalé si los ex presidentes de República Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, vivieran estarían lanzando gritos al cielo y dándose golpes de pecho, por todas las picardías que está cometiéndose 75 años más tarde, a nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE), por políticos reencauchados e investigados por la justicia.
López Pumarejo, Lleras Camargo, Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, integraron en 1.948, junto con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Hinestroza Daza y Eleuterio Serna, del rector de la Universidad Nacional Luís López de Mesa y el Gerente del Banco de la República Luís Ángel Arango, la lujosa primera Corte Electoral, que importancia y confianza tenía.
La Corte Electoral se modificó, por el de Consejo Nacional Electoral, hoy CNE, por una explicación del Magistrado, Jorge Valencia Arango: «El vocablo Corte produce la sensación de ser un organismo jurisdiccional siendo que no es sino una corporación administrativa cuyos actos están sujetos al control de la jurisdicción administrativa».
El juez natural del presidente de la Republica es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en consecuencia, los magistrados del CNE que votaron en la “investigación” al presidente afrontan cargos penales por prevaricato, cuyo proceso la fiscal Luz Adriana Camargo, trasladó a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El constitucionalista Rodrigo Uprimny Yepes, integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU e investigador de la Corporación De justicia, y columnista de El Espectador, recalcó que el fuero presidencial de Petro permanece intacto.
Los especialistas, coinciden en que como el CNE no tiene la competencia para destituir al presidente ni suspenderlo, mucho menos tiene la autoridad para investigarlo y procesarlo, cuya responsabilidad recae en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Una demanda busca inspeccionar oficinas del CNE para entender mejor el conflicto de competencias en caso Petro – crédito Luis Jaime Acosta/ReutEl prevaricato es un tipo penal y consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. La Constitución Política de 1991, elevó el CNE a rango constitucional, para la organización de las elecciones y la calidad de sus miembros que se asimilan a la categoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no son reelegibles.
En ese orden se propone que la función de ejercicio y vigilancia al sistema electoral, en cuanto a las calidades de los candidatos debería estar estrictamente a cargo de los magistrados del Consejo de Estado, y no del CNE, por ser un asunto ligado a los derechos fundamentales.
El CNE, anda de tumbo en tumbo en sus procesos presuntamente habilidosos, amañados, y peligrosos a la luz de la Constitución Política, la Ley y el principio democrático, hiriendo de muerte la democracia colombiana que debe soportarse en unas elecciones respetables.
El CNE es manipulado por políticos al servicio de los partidos, pese a que fue creado para garantizar y salvaguardar la democracia colombiana, garante de la paz.
Sus principios quedaron en los anaqueles con sus dirigentes deambulando entre los demás movimientos y agencias políticas.
En tanto que los colombianos seguimos sometidos a la más injusta y nociva polarización a punto de hacer explotar una bomba social sin precedentes en la historia colombiana.
Una reforma política y a la justicia debe incluir cambios estructurales a la vigilancia y control de las elecciones en Colombia, eliminar el CNE y otorgar sus funciones a una sala del Consejo de Estado.
