Por: Julio Bahamón.
Hoy quiero referirme a la organización que han implementado un grupo notable de Huilenses, liderada por los doctores Juan Pablo Liévano Vegalara exsuperintendente de Sociedades y Luis Guillermo Vélez Cabrera, exgobernador del Huila (encargado) cuyo fin es defender a través de la Fundación para el Estado de Derecho la seguridad de nuestra gente y su territorio. Debo felicitar a los distinguidos abogados Liévano y Vélez Cabrera por tan loable iniciativa que merece todo el apoyo de la ciudadanía. Los Huilenses debemos rodear con entusiasmo la encomiable labor de nuestros ilustres paisanos.
Loable actitud de dos representantes del departamento que han conformado un valioso equipo de abogados dedicados a acudir a instancias judiciales en defensa de los derechos de la ciudadanía. Recientemente presentaron ante el Honorable Tribunal Administrativo del Huila una querella de acción popular a fin de que ese alto Tribunal proteja los derechos e intereses colectivos con solicitud de medidas cautelares de Urgencia.
Las entidades accionadas en el escrito son: La presidencia de la república, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Bienestar familiar.
Los hechos se refieren a la presencia en el Huila de los grupos guerrilleros de las Farc, autodenominados Estado Mayor Central, la segunda Marquetalia, (frentes Darío Gómez, Iván Díaz, Isaías Pardo, e Ismael Ruiz, columnas móvil Dagoberto Ramos y la Teófilo Forero)
La demanda tiene soporte en las alertas tempranas que hizo la Defensoría del Pueblo desde el 12 de septiembre del año 2.022 acerca de la situación de riesgo en la que se encontraban los municipios de La Plata, Tesalia, Nátaga, Paicol, Aipe, Algeciras, Baraya, Gigante, Garzón, Hobo, Íquira, La Argentina, Neiva y su zona rural, y Tello, principalmente. Lamentablemente, con el paso de los días, esas alertas no fueron tenidas en cuenta por el ejecutivo y los ataques se cumplieron con las tomas guerrilleras, a sangre y fuego, de las localidades de La Plata, Nátaga y Tesalia.
¿Cales son las pretensiones de la querella?: Que se declaren vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moral administrativa, el goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes públicos en el departamento del Huila. Y ordenan al a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Defensa a: Ejecutar actividades militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía el Huila en defensa de los derechos colectivos a la paz, y demás bienes públicos.
Cesar las omisiones que ponen en riesgo y amenazan los derechos colectivos a la paz y dictar las ordenes que consideren pertinentes para salvaguardar los derechos consignados en las pretensiones de la acción popular interpuesta ante el Gobierno Nacional.
Y como medidas cautelares urgentes se solicita en la acción popular, la adopción de un plan de respuesta urgente frente a la crisis de seguridad y orden público que se vive en el departamento del Huila. Crear un equipo especial de contingencias entre las entidades estatales que están obligadas a preservar el orden y la seguridad pública, entre otras.
Es imperante que el H Tribunal Administrativo del Huila vincule a la gobernación para que su titular sea notificado de lo que acontece en materia de orden público en la región.
