A medida que transcurre la gestión presidencial de Gustavo Petro Urrego, las empresas encuestadoras a través de los sondeos opinión han expresado que se sigue manteniendo la tendencia de desaprobación, a solo 22 meses de terminar su mandato presidencial. En la edición del día anterior de esta tribuna de opinión, se publicaron los resultados de la encuesta realizada de “SABEMOS: La Opinión Ciudadana”, realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Yan Haas, la cual presenta un panorama complejo y negativo para el gobierno del primer mandatario de los colombianos. Fue producto de la recopilación de la percepción de 700 personas en cinco ciudades capitales, que abordó temas de gestión gubernamental, economía, seguridad, y confianza en las instituciones. Muy preocupantes los resultados que evidencian una caída en la aprobación, la cual generó amplias interpretaciones y controversias en su actuar administrativo. La gestión del presidente Gustavo Petro atraviesa un momento complicado en términos de percepción pública. Según la encuesta, el 50% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que solo un 30% la aprueba. Si hubieran ampliado la muestra, el índice de desaprobación sería mayor.
Los anteriores resultados reflejan una tendencia que ha venido creciendo en los últimos meses, donde su administración no ha logrado recuperar la confianza de la ciudadanía. Este sentimiento es más pronunciado en ciudades como Medellín y Bucaramanga, donde las cifras de desaprobación son mayores que el promedio nacional. Igual situación sucede en las demás regiones del país. Cada día se escuchan nuevas voces de arrepentidos de haber votado por el actual presidente de los colombianos, así digan lo contrario los áulicos de los sectores políticos afectos al gobierno nacional. Su actuar administrativo ha sido ineficiente y nota la incompetencia para manejar los asuntos de Estado. La forma revanchista y el irrespeto por las instituciones democráticas le van venido generando rechazo en la opinión pública que solo viven pensando en los días que le quedan a la presente administración presidencial.
Un país, que se encuentra sometido en un 30% a la voluntad de la criminalidad, y que presentan indicadores adversos en el comportamiento de los indicadores económicos en los sectores de la producción, tiene en ascuas, por el aumento del desempleo y que están aumentando los niveles de pobreza. Este escepticismo se extiende también a la gestión económica de empresas estatales y la intervención en sectores como el energético, con respuestas mixtas sobre la eficiencia y transparencia de estas medidas. El consumo que representa el 62% del Pib en el país, se encuentra lacerado, con las consecuencias nefastas para la inversión y los recaudos tributarios, que ya están atentando con el normal funcionamiento de las entidades públicas en los entes territoriales y, por consiguiente, la inversión pública, va a presentar el mayor retroceso durante el presente siglo.
