AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
En esta búsqueda y acercamiento a la comprensión de las políticas institucionales de los gobiernos de turno en torno al tratamiento de las tribus, de las comunidades indígenas y de la población primigenia de nuestro territorio, nos ha permitido entender y comprender la situación aberrante y la forma como en el pasado, se ha desconocido la condición humana y la racionalidad de cada cultura aborigen, avasallada y vilipendiada desde los albores de la conquista española de 1492, hasta la presente, siendo tratados como los causantes de la barbarie, por un lado, y por el otro, como los generadores de una sociedad improductiva y decadente que mucho daño le ha hecho al pueblo colombiano, según nos cuenta la historia jurídica y económica en los anales de la patria.
En medio de todo este proceso, vale la pena destacar la producción de normas de Derecho, que en su momento, han jugado con la suerte de nuestra patria y que se han encargado por un lado de menospreciar a los pueblos indígenas, mientras que por el contrario se alcanza a avizorar con el Decreto 1275 del 2024, el cual, el Gobierno del Cambio, reconoce y da carácter de autoridad indígena a ésta población, e incluso se le valora el esfuerzo y la tarea por la recuperación del medio ambiente y la protección de la naturaleza y la forma como contribuyen a la salvaguardia del ecosistema y de los recursos naturales.
No podemos desconocer, retrotrayéndonos a uno de los considerandos del Decreto 645 de 1900, en la que el gobierno del Presidente Manuel A. Sanclemente, dispuso con su gabinete de turno, en Febrero del año 1900, entregar a la empresa privada tierras en arrendamiento que superaran las 5.000 hectáreas y que se detuviera la forma como las tribus estaban acabando con los bosques y con la naturaleza en ese entonces, y se convirtieran en generadores de bienes para la exportación y para la producción de oro, que como divisas permitieran el pago de la deuda externa que ha sido hasta la presente un flagelo de nunca acabar.
Fue la época en la que el Gobierno patrocinaba la colonización y venta de bienes improductivos o “tierras de nadie”, en todo el sur colombiano, advirtiendo entre los considerandos de dicho decreto: “1.° Que las regiones desiertas de la República, asiento de la población indígena no civilizada, han permanecido hasta hoy improductivas para la Nación; 2.° Que el estado de abandono de que se ha hablado ha dado y continúa dando por resultado la extinción de dichas tribus y la destrucción de los bosques y demás riquezas naturales en los territorios limítrofes, especialmente con el Brasil y Venezuela; 3.° Que el medio más eficaz de atender simultáneamente a la colonización, el desarrollo del comercio y la industria, la civilización de las tribus indígenas y la protección de los derechos territoriales de la República en las regiones mencionadas, consiste en estimular la industria privada mediante el arrendamiento de las tirrias baldías; 4.° Que la explotación de los productos naturales que abunda en las tierras baldías aumentará la causa de las exportaciones, y en consecuencia, mejorará la condición del cambio sobre el exterior y suministrará al Gobierno medios de atender a los compromisos en oro que tiene contraídos por la actual rebelión”
Era la época de la guerra de los mil días, época de la pauperización económica de la Nación, y con lo cual, desde años atrás, se venía luchando por las tareas extractivas de los recursos naturales, como se mantiene hoy en día, con las concesiones a los potentados y más aún, con el empobrecimiento y destrucción de bosques, minas, ríos e incluso, del subsuelo colombiano, entre los que cuenta la dura época de la quina, del caucho, del “oro blanco”, y de los minerales y recursos maderables de nuestra patria, indígenas que eran tratados como bárbaros y destructores de nuestra economía, mientras eran esclavizados.
Con este Decreto 1275 del 2024, se retoma una lección histórica, y se da a conocer 100 años después de la aparición de la Novela “La Vorágine”. “Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano cómo se construye el equilibrio vital entre el ser humano y naturaleza como lo hacen los pueblos indígenas. Esos pueblos hoy los reivindicamos firmando este Decreto, que ya cobra su vida jurídica, su vida dentro la sociedad colombiana, que las autoridades indígenas tengan igual poder que las corporaciones”, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro.
