La Procuraduría General, expresó nuevamente su oposición a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el Proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en discusión en el Congreso de la República.
Esta propuesta ha generado preocupación dentro del ente de control por las posibles implicaciones para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal.
Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, el Procurador Delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Christian Wolffhügel, alertó sobre las consecuencias adversas que podría tener esta medida, especialmente en los casos relacionados con agresores de menores. El delegado subrayó que la reducción de penas no es una solución a los problemas de dilación en los procesos penales, destacando que los retrasos en la justicia pueden resolverse con las herramientas ya existentes dentro del sistema judicial.
“Los problemas de dilación no se resuelven con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas. Lo que garantiza justicia a las víctimas son investigaciones robustas y adecuadas, no la reducción de sanciones para estos crímenes tan graves”, señaló Wolffhügel en su intervención.
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Además, el delegado explicó que el sistema judicial ya cuenta con mecanismos como la «justicia premiada», a través de la aceptación de cargos, que permite acelerar los procesos sin necesidad de someter a las víctimas al estigma de un juicio prolongado. Sin embargo, destacó que el incentivo de la rebaja de penas podría ser percibido como una minimización de la gravedad de los delitos sexuales, lo que afectaría la confianza pública en la justicia.
La Procuraduría también cuestionó si la propuesta realmente reduciría los niveles de impunidad en los casos de violencia sexual, dado que no garantiza una agilización efectiva de los procesos ni evitará que los implicados interpongan recursos legales. En cambio, advirtió que podría poner en riesgo la percepción de proporcionalidad en las sanciones, una de las claves del sistema penal para mantener el equilibrio entre la gravedad del delito y el castigo impuesto.
Finalmente, la Procuraduría reafirmó su posición institucional, insistiendo en que cualquier reforma judicial debe garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos y no debe comprometer los derechos de las víctimas ni erosionar la confianza en el sistema de justicia.
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