Por:
| Juan Yamid Sanabria |
La jefe de la oficina jurídica de la Gobernación del Huila Cristina Cortés cometió un grave error con una demanda infundada contra el plan de desarrollo de Neiva, un problema no solo de orden jurídico, sino que colocó en riesgo la gestión de toda una ciudad capital. Así lo profirió la sala sexta del tribunal administrativo del Huila, como instancia única, en la sentencia del 8 de octubre del 2024 por el magistrado Jose Miller Lugo.
El problema jurídico era ¿si se encuentra fundada la observación de invalidez formulada por el señor Gobernador del Huila al Acuerdo No. 004 del 24 de junio de 2024, expedido por el Concejo Municipal de Neiva-Huila “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, “ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA”, al haber omitido incluir el denominado capítulo especial “Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” y porque se le confirió autorización al alcalde de la Municipalidad de Neiva para realizar correcciones a tal Acuerdo, contraviniendo lo previsto en la ley?, el tema de paz fue tratado en el marco de los debates de aprobación del plan, y en su defecto quedó incluido en todo el articulado, y no necesariamente en un solo capítulo, ¿será que la Dra. Cristina Cortés se tomó la tarea de leer y analizar en su conjunto el plan de desarrollo para determinar si efectivamente estaba incluido el tema de paz?
Además, el artículo décimo cuarto del Plan de desarrollo reafirma el compromiso con los Acuerdos de Paz y el logro de la paz total, el cual se encuentra en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional, la Ley 2272 de 2022 y la política de paz municipal establecida en el Acuerdo Municipal 012 de 2020. Una referencia que profundiza el tribunal administrativo para evidenciar la falta de comprensión por parte de la administración departamental.
Muchos medios de comunicación al conocer la objeción presentada por la gobernación del Huila crearon preguntas sobre la viabilidad de las acciones que adelantaba el municipio; dudas que se convirtieron en incertidumbre para muchos empresarios, que tal vez decidieron no invertir en un municipio presuntamente “sin plan de desarrollo”, dudas en la ciudadanía que pudo sentirse sin rumbo en una ciudad que requiere proyección a largo plazo, e inestabilidad en la búsqueda de recursos con el gobierno nacional para cofinanciar proyectos que requiere la ciudad.
El artículo 305, numeral 10° de la Constitución Política atribuye al gobernador la facultad de revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad; lo cual fue inprocedente en este caso, pero deja la duda si la Dra. Cristina Cortés seguirá objetando futuros proyectos de acuerdo de esta manera irresponsable, o en su defecto el gobernador Rodrigo Villalba tomará medidas al respecto. Por lo pronto, que a nadie le queden dudas que Neiva si tiene plan de desarrollo.
