Por: Adonis Tupac Ramírez
Hace una semana se estrenó en la plataforma Max de HBO la película colombiana “Del otro lado del jardín” protagonizada por Julián Román, Vicky Hernández y Juana Acosta, basada en el libro de Carlos Framb que narra la decisión del autor de ayudar a morir a su madre y su intento de suicidio fallido. Una película bien realizada con una fotografía profunda, actuaciones sentidas y un abordaje a este tema que invita a la Reflexión.
La discusión en torno al suicidio asistido en Colombia es compleja, abarcando cuestiones legales, éticas, religiosas y sociales que complican su implementación. Aunque el país ha avanzado en reconocer el derecho a morir dignamente, los obstáculos persisten, especialmente para aquellos que desean ejercer este derecho sin caer en la ilegalidad o el estigma.
En Colombia, la Corte Constitucional ha establecido bases para la eutanasia desde 1997, ampliando su alcance en decisiones recientes para incluir condiciones no terminales que causen sufrimiento. Sin embargo, el suicidio asistido, que implica que un paciente reciba los medios para terminar con su vida de manera autónoma, aún enfrenta una falta de marco regulatorio claro y un consenso ético. Esta situación genera incertidumbre tanto para los pacientes como para los médicos, quienes se encuentran en una posición ambivalente ante la posibilidad de brindar un recurso éticamente polémico, pero potencialmente necesario.
La primera barrera importante es de orden jurídico. En Colombia, el suicidio asistido carece de un marco legal específico, a diferencia de la eutanasia, lo que deja un vacío para los profesionales de salud que desean actuar dentro de la legalidad. En términos prácticos, la falta de legislación clara desincentiva a los médicos a participar en estos procedimientos, temiendo consecuencias legales o sanciones profesionales. Además, la ambigüedad normativa afecta a los comités de ética hospitalarios, que no cuentan con directrices precisas para analizar estos casos y tomar decisiones basadas en criterios definidos.
Desde una perspectiva bioética, la implementación del suicidio asistido presenta dilemas profundos. Colombia es un país con una cultura diversa en creencias religiosas y visiones de la vida y la muerte, lo que influye en la postura social y profesional respecto a este tema. Mientras algunos médicos y sectores de la sociedad apoyan el derecho del paciente a decidir sobre su muerte, otros consideran que facilitar este proceso atenta contra la sacralidad de la vida. Este conflicto entre el respeto a la autonomía del paciente y el valor intrínseco de la vida humana es un desafío para los profesionales de salud, que deben equilibrar estos principios sin imponer sus propias creencias.
El suicidio asistido también enfrenta obstáculos en términos de accesibilidad y equidad. La decisión de poner fin a la vida debe ser libre, informada y carente de coacción. Sin embargo, en un país como Colombia, con desigualdades en el acceso a servicios de salud y recursos paliativos, existe el riesgo de que la opción de suicidio asistido se vea como una salida «fácil» ante la falta de atención integral. La falta de apoyo emocional y el escaso acceso a cuidados paliativos de calidad pueden influir en que un paciente perciba esta opción de forma sesgada, no como una elección genuina, sino como un último recurso ante la falta de alternativas.
Además, la estigmatización es un problema considerable. Aquellos que consideran el suicidio asistido pueden ser juzgados, tanto en sus círculos cercanos como en el ámbito público, lo que genera una presión social que afecta tanto al paciente como a su familia. Esta falta de aceptación cultural limita la disposición de los profesionales a abrir el diálogo sobre el tema, reforzando un silencio que perjudica el derecho del paciente a tomar decisiones informadas y, sobre todo, acompañadas de respeto y compasión.
