Por Juan Pablo Liévano
La que debería ser, y otrora fue, la compañía insignia de los colombianos es hoy un ejemplo de mal gobierno corporativo y el resultado de una crisis autoinfligida, de entera responsabilidad del Gobierno nacional. Esta realidad se evidencia en el desplome sistemático del precio de la acción. De $3.530 por acción el 27 de marzo de 2022, un primer descenso ocurrió progresivamente hasta el 17 de julio de 2022, debido, simplemente, al triunfo y posesión de un gobierno progresista que es poco amigo del sector privado y los mercados, y enemigo del petróleo y el gas. El mercado capitalista, brutal, racional, lógico y sincero, ajustó el precio de la acción a $2.060. Era previsible que el valor del activo se depreciara, considerando las expectativas en torno a la situación política y económica, dada cuenta del talante del Gobierno.
Posteriormente, el precio de la acción experimentó una recuperación, impulsada por algunas externalidades y, sobre todo, porque la administración anterior continuó hasta abril de 2023. Aunque hubo una leve recuperación hacia finales de 2023, la tendencia bajista se mantuvo a partir de enero de 2024, debido al deficiente manejo de la empresa y sus negocios, lo que afectaba las expectativas futuras de la empresa, implicando una baja proyección de dividendos y valorización de la especie.
La crisis tiene su génesis en dos razones evidentes y sencillas. En primer lugar, el Gobierno, sin el menor recato ni prudencia, nombró al gerente de la campaña presidencial como presidente de la empresa. Era previsible que la campaña enfrentaría cuestionamientos éticos, debido a la agresividad de los bodegueros y miembros de la misma, y financieros, por las noticias que se podrían generar sobre su financiación, lo que en efecto ocurrió. Si bien existe la presunción de inocencia, en temas políticos y económicos también se deben considerar aspectos éticos y de presentación. Aunque el presidente de Ecopetrol podría haber sido Pérez, Rodríguez o Jaramillo, finalmente fue Roa. De hecho, que el candidato a ser designado fuera el gerente de la campaña presidencial, sujeta a posibles investigaciones, como finalmente ocurrió, sugería abstenerse de realizar esa designación. Finalmente, se presentó el nombramiento y, ante las investigaciones, el presidente Roa debería haber dado un paso al costado, en lugar de continuar en el cargo.
En segundo lugar, si a esto sumamos la política pública de no explorar ni explotar petróleo y gas en nuevos contratos, el desastre es inminente. El Gobierno, además, intervino en una decisión de la Junta Directiva, impidiendo que se tomara la mejor decisión de negocios en interés de la empresa y sus accionistas. Fue una intromisión inadecuada y sesgada ideológicamente. Así, el Gobierno, que representa al Estado, dueño de casi el 90% de las acciones, se ha dedicado a perjudicar el negocio principal de la empresa y a mal gobernarla. El resultado es lamentable y evidente: el precio de la acción al 24 de octubre de 2024 era de $1.745. Los colombianos, las finanzas públicas y los accionistas minoritarios no merecemos esta situación. El Gobierno debe rectificar el rumbo para evitar mayor pérdida de valor y la afectación a las finanzas públicas y la soberanía energética, antes de que sea demasiado tarde.
