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Desvío de Fondos de EPS a Paraísos Fiscales

Nov 4, 2024

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La Superintendencia Nacional de Salud revela en un informe alarmantes hallazgos sobre el desvío de millonarios recursos de la salud en Colombia. El saliente superintendente Luis Carlos Leal denunció el caso ante la Fiscalía antes de que el Gobierno solicitara su renuncia. El entramado señala a Mario Andrés Urán, cercano al Gobierno, como el presunto líder de esta red de corrupción.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud destapó un escándalo de corrupción que compromete a cuatro EPS en Colombia: Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS. Según el informe presentado, estas entidades habrían utilizado los recursos de salud de manera irregular, favoreciendo a ciertas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y desviando fondos hacia paraísos fiscales. En el centro del entramado aparece el nombre de Mario Andrés Urán, un antiguo asesor de Coosalud y cercano al Gobierno Petro, quien aparentemente se benefició de la manipulación de estos recursos.

Ante el alcance de los hallazgos, Luis Carlos Leal, entonces superintendente de salud, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía el pasado 22 de octubre. Sorprendentemente, tan solo tres días después, el Gobierno le solicitó su renuncia, lo cual ha suscitado diversas especulaciones. Se espera que Leal asuma en los próximos días el cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS).

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Detalles de la Investigación 

El informe, que consta de 33 páginas, documenta exhaustivamente cómo se realizaron auditorías sorpresa el 25 de septiembre en las sedes de estas EPS en ciudades como Cartagena, Cali, Popayán y Pasto. La inspección, que incluyó la revisión de computadoras y celulares institucionales, permitió recolectar información clave que compromete a altos ejecutivos en la administración irregular de recursos. Una denuncia inicial alertó sobre la influencia de Mario Andrés Urán en la toma de decisiones financieras de estas entidades.

Se descubrió que Urán usaba el correo institucional de Coosalud para recibir información confidencial de otras EPS, con detalles sobre pagos preferenciales a clínicas y hospitales, incluso antes de que estos movimientos fueran notificados a la Superintendencia de Salud. Esta situación resulta particularmente grave, ya que indica una posible complicidad de agentes interventores, quienes habrían colaborado para facilitar los pagos a IPS específicas sin justificación válida, lo que derivó en sobrecostos y desvío de recursos.

Red de Corrupción y Desvío de Fondos 

El informe menciona que Urán, en colaboración con Indira Ocando y Tony Negrette, lideraba una red que manejaba los pagos y contratos de las EPS involucradas, estableciendo vínculos con clínicas y laboratorios que beneficiaban a proveedores específicos. Incluso, se encontraron transacciones sospechosas hacia destinos como las Islas Caimán, sugiriendo que parte de los fondos se desviaron a paraísos fiscales.

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Uno de los hallazgos más impactantes fue el descubrimiento de múltiples carpetas en los computadores auditados, en las cuales se almacenaba información sobre perfilamientos de directivos y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. Esto revela una operación meticulosa en la que se obtenían datos de los perfiles de quienes supervisaban el sistema, probablemente para evitar ser detectados.

Consecuencias y Reacciones 

La salida de Luis Carlos Leal, a pesar de ser quien denunció estos hechos, ha generado preguntas sobre el respaldo gubernamental a la investigación. El escándalo pone nuevamente en el foco la gestión de las EPS en Colombia y la transparencia en el manejo de los fondos destinados a la salud. La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre el alcance de la corrupción y los responsables.

Este caso podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud, dado que involucra figuras cercanas al Gobierno y denuncia una estructura sistemática para el desvío de recursos que deberían garantizar la atención de millones de colombianos.

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