El gobierno venezolano, solicitó a la Interpol la emisión de una «alerta roja» contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien actualmente reside en España tras haberse exiliado.
La solicitud surge tras una acusación del Ministerio Público venezolano que imputa a González la comisión de diez delitos, entre ellos, «uso de actos violentos contra la paz«, «difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales«, y «sabotaje«.
La fiscalía también ha señalado a González por delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de las leyes» y «asociación para delinquir», entre otros. Estos mismos cargos llevaron a la emisión de una orden de captura nacional en Venezuela, lo que forzó al líder opositor a huir del país el 8 de septiembre, según él, “bajo coacción”.
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González, en una declaración desde su lugar de residencia en España, denunció el pedido de “alerta roja” como parte de una estrategia para silenciar su labor internacional en defensa de la democracia venezolana. “Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones, a todas las instancias decisorias del mundo”, manifestó el opositor, quien asegura que seguirá su labor para visibilizar la situación política de Venezuela en el ámbito internacional.
La defensa de González confiaba en que el caso sería cerrado, pero este nuevo pedido de captura a nivel internacional supone una escalada en la persecución judicial que, según sus partidarios, busca obstaculizar sus esfuerzos por denunciar el contexto de derechos humanos en Venezuela. Entretanto, la Interpol deberá decidir si da curso a la solicitud emitida por el gobierno venezolano.
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