A pesar de que ha aumentado el pie de fuerza en el departamento del Huila, aún se sigue presentando reclutamiento forzado, amenazas, desplazamientos, confinamientos, extorsiones. Por este motivo los líderes enviaron un llamado al Gobierno Nacional y Departamental, para que, a los compromisos adquiridos, le hagan seguimiento y se logren materializar.
Según datos de la Procuraduría General, hasta el 8 de septiembre, ascendieron a 87 las víctimas defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia.
Los datos muestran que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca, registran el mayor número de homicidios a líderes y lideresas sociales.
Los amenazados
En relación a esta problemática nacional que no se diferencia en mucho de la regional, Edna Pinto, defensora de derechos humanos y lideresa de la fundación Víctimas del Conflicto Armado y Población Vulnerable (Viccoar), develó: “tenemos 15 líderes sociales amenazados, incluso conocimos el caso de una familia que abandono el Departamento, dejando absolutamente todo, porque le iban a reclutar a una de sus hijas”.
Era tanto el asedio que los disidentes, llegaban a sus predios y debían prepararle los alimentos, incluso pedían que les suministraran las especies que los agricultores tenían para su sustento.
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Asesinaron a sus allegados
Asimismo, se conoció que Juan David Orozco de 19 años y Daimly Ariza Toledo, ultimados en el municipio de Suaza, son familiares de la líder social.
El doble homicidio,tuvo ocasión hacia las 7-30 de la noche, cuando los habitantes descansaban de la jornada laboral y algunos se disponían de descansar. Los fogonazos y ruido de las armas de fuego prendieron, que se percataron del doble homicidio, registrado en el centro poblado de Guayabal.
El ataque se produjo en las inmediaciones de un polideportivo, y tras cometer el crimen, los responsables dejaron en la escena panfletos que aludían a las disidencias de las Farc, similar a lo ocurrido en la masacre de Acevedo. Este hallazgo refuerza las hipótesis sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes del sur del Huila.
Continúan las intimidaciones
En este sentido, se conoció que persisten amenazas contra este grupo poblacional, ya hay casos de líderes que son citados por los ‘armados’ y si no acuden a las reuniones, la familia puede ser afectada.
“El tema de inseguridad se sigue viviendo en el Departamento, sin embargo, vemos una barrera compleja y es que en los consejos de seguridad están trabajando, pero no tienen en cuenta la ‘voz’ de los líderes afectados. Y a pesar de las denuncias realizadas, se siguen presentando casos de reclutamiento forzado, secuestro, desapariciones forzadas”, expresó la vocera.
Las víctimas no solo son del Huila, también del Caquetá, Putumayo y Tolima.
Sin embargo, los afectados acuden a los enlaces regionales, donde dan a conocer las problemáticas que los perjudican. “En algunas administraciones, se están quedando en absoluto silencio frente a estas situaciones, hay quienes piden acompañamiento, por ejemplo, en las Personerías Municipales, donde no les podrían garantizar la no repetición del caso”, dijo la vocera.
Coaccionan a la comunidad
Otro tipo de situaciones que se ven obligados a realizar los integrantes de la comunidad es a comprar botas, víveres, medicamentos y llevarlos a los sitios acordados.
“Y a la Fiscalía, le queremos decir que deseamos volver a confiar en las autoridades. No solo para las denuncias, y que por favor escuche a la población víctima las problemáticas que vive. Es muy difícil, porque no denuncian, debido a la falta de garantías y además al hacerlo, ellos se quedan en los territorios, mientras los funcionarios, no”, puntualizó la defensora de derechos humanos.
Extorsión y miedo
Y con el fin de entender esta cruel problemática, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila, manifestó: “nosotros de manera permanente a través de nuestra delegada de protección de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, estamos activando ruta de protección para personas líderes, lideresas y entre otros funcionarios públicos, que vienen siendo extorsionados por parte de los grupos armados, y a quienes de alguna manera, han decidido ponerle frente a esto, denunciar, se activan las rutas en Gaula Ejército o Policía”.
“Tememos que existen más de 15 líderes, lideresas y personas que ejercen estas labores en varias zonas rurales, vienen siendo objeto de amenazas, primero porque están abanderando causas, visibilizan las problemáticas y segundo por ser dueños de establecimientos comerciales, cuentan con ingresos mensuales, y a quienes les han llegado mensajes de texto”, expresó la funcionaria.
Según los investigadores, estas personas son citadas a lugares apartados, donde los obligan a adquirir una serie de compromisos para cancelar las sumas exigidas.
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Municipios más afectados
A las personas que son víctimas de este flagelo, les da miedo, algunos no vuelven a abrir sus establecimientos comerciales, además, hay ‘negocios’ que tienen escaso margen de rentabilidad, para cancelar un impuesto adicional.
Gran porcentaje de estos hechos victimizantes, se registran en los municipios de Algeciras, Neiva, Villavieja, Tello, Baraya, Campoalegre y Rivera.
Adicionalmente, se conoció que hay personas que temen denunciar, por esta situación existen un subregistro, se cree que, por esta causa, habrían más de 30 personas amenazadas en el Departamento.
Y según Indepaz, a la fecha van 148 líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han sido ultimados en este 2024.
Van 87 muertes en el país
Y van 87 líderes sociales asesinados en el primer semestre de 2024, 91 amenazas contra esta población recopiladas por la Procuraduría General de la Nación y una activación de la ruta de protección en 74 ocasiones evidencian la grave situación en materia de Derechos Humanos que enfrenta en el país.
Las alarmantes cifras, recopiladas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, fueron presentadas por la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Los datos muestran que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca registran el mayor número de homicidios a líderes y lideresas sociales.
Cabello Blanco se refirió a la situación en el norte del Cauca, que refleja un escenario de violencia estructural y sistemática. “Chocó también enfrenta una grave crisis de seguridad, con siete paros armados en lo que va del año, afectando principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas”, agregó.
La radiografía presentada por la Procuradora pone en evidencia la situación de la población víctima de las acciones de los grupos armados ilegales “que imponen restricciones a la movilidad, generando desplazamientos forzados, confinamientos, violaciones al derecho internacional humanitario y una creciente crisis humanitaria”.
En 2024 este índice, que también incluye indicadores de percepción de los líderes sociales sobre su seguridad, se calculó en 36 municipios de las regiones del bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María y Norte del Cauca.
