En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, tras encontrar pruebas de que violó los principios de contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
La decisión fue emitida por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, la cual concluyó que la determinación del excanciller no estuvo orientada a garantizar el deber de selección objetiva, y que además carecía de justificación legal.
Según la investigación del Ministerio Público, Leyva Durán decidió cancelar la licitación bajo el argumento de que solo un oferente había participado en el proceso. Sin embargo, la Procuraduría determinó que este hecho no justificaba declarar la licitación desierta, puesto que el único oferente cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. La decisión, según el órgano de control, vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública.
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El fallo estableció que Leyva Durán incurrió en una falta gravísima a título de dolo, al desconocer los lineamientos legales que buscan asegurar una contratación adecuada y equitativa en las entidades del Estado. No obstante, la Procuraduría absolvió al exministro por su decisión de declarar la urgencia manifiesta para contratar directamente el servicio de pasaportes tras la cancelación de la licitación.
La sanción impuesta al exministro Leyva Durán puede ser apelada ante el despacho de la Procuradora General de la Nación, lo cual deja abierta la posibilidad de una revisión de esta medida disciplinaria.
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