Hay que recordar que El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1372 del 13 noviembre 2024, declaró la “situación de Desastre Nacional» en todo el territorio colombiano por un término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.
La norma le permite al Ejecutivo, acudir a todas las herramientas legales y constitucionales para hacerle frente a la situación de desastre nacional que afecta a varias regiones del país por cuenta de la ‘ola’ invernal.
Primero la gente
De acuerdo con el ente de control, luego de la información suministrada por el Gobierno, relacionada con una nueva declaratoria de situación de desastre nacional enfocada en la variabilidad climática, expedida mediante decreto número 1372 del 13 de noviembre de 2024, se alerta “sobre el manejo que se ha dado a esta figura jurídica para la mitigación y atención de desastres en el territorio nacional».
El llamado del Ministerio Público se da, especialmente, por las falencias en la definición y ejecución de medidas integradas e inclusivas encaminadas a prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes.
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Las malas prácticas
Además, que los territorios en los cuales se deberían tener mejores condiciones de resiliencia, por el contrario, estén en situaciones de mayor exposición a las amenazas y de vulnerabilidad a los desastres. Las delegadas para la Gestión y Gobernanza Territorial y la de Asuntos Ambientales, Minero energéticos y Agrarios, destacaron entre los aspectos más críticos y sobre los que se deben adoptar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los afectados, la ausencia de Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAE) para las declaratorias de situación de desastre nacional de los decretos 2113 de 2022 y 037 de 2024.
Entre lo que evidenció la Procuraduría, también está la inaplicación del principio de oportuna información y las debilidades en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico para la Recuperación del decreto 020 del 16 de enero 2024.
Ahora, el ente de control afirmó que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, se contempla como falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el media ambiente, el “no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en los términos establecidos en la ley”.
Declaratoria de emergencia
Hay que recordar que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1372 del 13 noviembre 2024, declaró la “situación de Desastre Nacional» en todo el territorio colombiano por un término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.
El costo inicial del desastre nacional decretado por el presidente, Gustavo Petro, en virtud de la variabilidad climática, es de $1,7 billones de pesos.
La norma le permite al Ejecutivo acudir a todas las herramientas legales y constitucionales para hacerle frente a la situación de desastre nacional que afecta a varias regiones del país por cuenta de la ola invernal.
En las consideraciones del Decreto 1372 del 13 noviembre 2024, se enumeran algunas de las situaciones graves que durante el año han afectado a miles de familias colombianas, y que motivan esta declaratoria de Desastres Nacional, y según reporte de emergencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 11 de noviembre pasado, en lo que va del año Colombia se han registrado 8.396 eventos climáticos y de desastres con impactos significativos: 952 municipios afectados, 2 millones de personas damnificadas, 244.553 familias damnificadas, 92 fallecidos y 171 heridos.
Además, 101.639 viviendas averiadas, 1.031 viviendas destruidas y más de 280 mil hectáreas afectadas.
Ahora se han presentado 6.222 incendios forestales, que afectaron 208.874 hectáreas, 565 movimientos en eventos que impactaron a 14.204 personas y 329 hectáreas; 560 inundaciones con afectación de 618.130 personas y 62.814 hectáreas; 454 vendavales que dejaron 108.344 personas afectadas; 277 desabastecimientos de agua y 115 crecientes súbitas.
Perjuicios y lluvias
En relación a esta problemática, generada por la temporada invernal, Isabel Hernández, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila manifestó. “Insistir en que el Departamento, se encuentra atravesando la segunda temporada de lluvias del año, que se han presentado a lo largo y ancho de la región y que ha dejado a 19 municipios con afectaciones”.
La funcionaria resaltó que las precipitaciones presentadas, no corresponde al fenómeno de La Niña. Y según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es posible que se presente este evento en los primeros meses del año 2025.
A la fecha en el departamento del Huila, van 59 familias, 295 personas damnificadas, 9 viviendas urbanas han resultado averiadas, y 37 en el área rural, asimismo 6 se encuentran en zona de alto riesgo, 1 en la vereda El Triunfo del municipio de Pitalito y tres en el centro poblado San Gerardo de Garzón, de ellas 2 se encuentran ubicadas en la vereda Santa Marta y Santa Bárbara de Timaná. En este último sector una casa fue destruida.
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Recursos para los damnificados
Asimismo, algunas de las inversiones que se asegurarán con esta declaratoria incluyen la entrega de kits de emergencia a las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento, rehabilitación de vías, sistemas de abastecimiento de agua, intervención en 145 sedes educativas afectadas, adecuación de puestos de salud, alojamientos temporales y transferencias monetarias, entre otras.
La UNGRD, por ejemplo, solicitó 423 mil millones para atender la primera fase de la emergencia, que consiste en la compra de asistencia humanitaria, financiación de proyectos de maquinaria amarilla, obras de emergencia, asistencia técnica a los municipios para identificar a los damnificados y otras acciones.
En este sentido, los recursos que deberá asegurar el Ministerio de Hacienda, garantizarán una respuesta coordinada y efectiva a las comunidades más afectadas, especialmente en el departamento del Chocó, La Guajira y Bogotá. Las entidades con mayor participación dentro del plan de respuesta son la UNGRD, Prosperidad Social y los ministerios de Defensa, Transporte y Minas. Ya para finalizar, las familias damnificadas en el departamento del Chocó, recibirán dos kits alimentarios y dos kits de aseo, diseñados para cubrir un mes completo de necesidades básicas. Los mismos incluyen alimentos no perecederos, productos de higiene personal, utensilios de cocina, sábanas y hamacas.
