Juanita Tovar
Desde hace un par de semanas, ha venido creciendo como bola de nieve un nuevo escándalo de presunta corrupción en el sector de la salud del país. Se trata del supuesto desvío de dineros a través de tres EPS intervenidas y una no intervenida, que tienen como común denominador al señalado “lobista” Mario Andrés Urán.
Esta columna conoció que Coosalud, la EPS señalada por el presidente Gustavo Petro de presuntamente desviar recursos a paraísos fiscales, pidió a la Fiscalía ser reconocida como víctima en este embrollo. Coosalud aparece involucrada porque Mario Andrés Urán, hoy foco de atención de la Fiscalía y la Procuraduría, fue hasta hace unas semanas un alto asesor de dicha EPS. Lo que se sabe hasta el momento es que utilizó el correo institucional para, presuntamente, direccionar postulaciones de pagos a hospitales y clínicas controladas por las EPS intervenidas; es decir, decidir a quién se le paga primero y a quién no. Esto consta en correos que reveló Caracol Radio y que ratificó un informe de hallazgos de la Supersalud.
Coosalud, en varios comunicados e incluso con una carta del banco, ha afirmado que no ha transferido dineros del sistema de salud a paraísos fiscales, como lo insinuó el jefe de Estado.
Los datos desconocidos
En la denuncia que interpuso ante la Fiscalía el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se pidió “de carácter urgente que se adelanten las investigaciones correspondientes a los gerentes/interventores y al equipo directivo de cada una de las EPS mencionadas por la presunta comisión de delitos en detrimento de los recursos de la salud”. Se supo también que el exsuperintendente Leal, antes de dejar el cargo, se reunió directamente con la fiscal Luz Adriana Camargo, y en cuestión de horas, el caso fue asignado a un fiscal especializado en la dirección anticorrupción, dada la gravedad del asunto.
Los datos de la auditoría sorpresa realizada por la Supersalud a las tres EPS intervenidas y a Coosalud ya fueron entregados a la Fiscalía. Son cientos de archivos, y entre la información que hace parte de la compulsa se incluyen correos que funcionarios de las EPS intentaron borrar. También aparecen varias carpetas relacionadas con Mario Urán y una compilación de documentos adjuntos que los anteriores interventores enviaron a Urán.
Los entes de control deberán determinar con celeridad por qué los anteriores interventores enviaban información confidencial a un hombre que no tenía relación alguna con la Supersalud ni con los equipos interventores. Por supuesto, también deberán establecer cuál era el propósito de entregar esos datos. En manos de la Fiscalía está la tarea de esclarecer si este caso representa una nueva “vena rota” por donde se estarían escapando multimillonarios recursos del sistema de salud… otro assurance episodio de corrupción en país.
