La mayor empresa estatal que poseen los colombianos se encuentra ad-portas de continuar con la senda de decrecimiento, desde que asumió el poder el actual primer mandatario de los colombianos, producto de la errada decisión gubernamental de suspender la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, Recordemos que es la organización empresarial que mayores recursos le generan al presupuesto nacional y que contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto del País. Las cifras que se han difundido a través de las mismas directivas de esta empresa reflejan la profunda crisis financiera en que se debate. Todos los medios de comunicación y las redes sociales coinciden en que dichas cifras negativas, siempre da lugar a titulares destacados. A fin de cuentas, se trata de la empresa más grande del país, cuya buena salud es clave para sus accionistas, comenzando por la Nación, que es dueña del 88,5 % del capital del conglomerado y que no solo recibe dividendos, sino importantes sumas por concepto de impuestos.
No estamos en contra del gobierno nacional. Somos propositivos y constructivos con nuestros comentarios desde esta tribuna de opinión. Desafortunadamente referirse a la caída del 28 por ciento, que representan pasar de 5,1 a 3,6 billones de pesos en las utilidades consolidadas de la firma durante el tercer trimestre del presente año, es crítico el panorama. Si bien en términos históricos ese nivel de ganancias es aceptable, siguen presentes en el horizonte numerosas inquietudes que merecen la atención del caso. Es preocupante la prospectiva de esta empresa de los colombianos. La producción petrolera en el país viene en descenso y que llegó a su punto más bajo para este período desde lo observado en 2010. Al paso que vamos, los distribuidores tendrán que importar combustibles a mediados del próximo año, que, junto con el declive de los precios internacionales del crudo, genera un panorama bastante crítico para la salud financiera de la Nación y un eventual efecto en la subida de los costos de importación, y por ende, una escalada de aumento del nivel de precios que afectarían a los agentes económicos en Colombia.
Adicionalmente como lo expresaba la senadora Paloma Valencia, la politización de las decisiones directivas, los escándalos de corrupción y la caída de la productividad tienen a la empresa con utilidades que no superan los 12 billones de pesos, cifra que, aunque considerable, representa una drástica caída, junto con pagos mínimos de dividendos y la ausencia de nuevos contratos de hidrocarburos. De las 41 empresas extranjeras que estaban desarrollando labores de exploración y explotación, solamente han quedado 11. No podemos llegar a la destrucción de Ecopetrol. Por tal motivo, es importante que se reoriente el accionar gubernamental para salvar el principal patrimonio de las familias colombianas. No podemos seguir manejando esta organización con activistas. Es un error histórico.
