Los hechos de violencia que más perjudican a la población civil, son en primer lugar el desplazamiento forzado, amenazas, homicidio y otros delitos que afectan la integridad de las personas, entre ellos las minas antipersona y las violencias basadas en género y delitos sexuales.
Hay que recordar que las víctimas del conflicto armado colombiano, tienen ahora hasta el 22 de agosto de 2026 para rendir sus declaraciones por los hechos victimizantes sufridos desde 1985, término establecido en la Ley 2343 de 2023 y ampliado por la Ley 2421 de 2024.
Para tal fin, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, así como la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales han dispuesto las medidas necesarias para que esas diligencias puedan realizarse en sus sedes ubicadas en todo el territorio nacional, así como también dispongan de la información necesaria para orientar a las personas interesadas en el proceso.
La violencia
Y en relación a las Alertas Tempranas emanadas por la Defensoría del Pueblo, Jerson Andrés Bastidas, personero de Neiva, expresó. “Estos avisos de alarma, se ciñen a tres comunas de la ciudad e igual número de corregimientos, entre los que se encuentran Vegalarga y río Ceibas. Lo que nos señala el documento es que en el territorio hay presencia de actores armados”.
Ahora, los comerciantes son afectados por los grupos armados, debido a que buscan más recursos de carácter irregular para continuar con su accionar.
Y en cuanto a la presunta instrumentalización de las Guardias Campesinas, el personero manifestó, no tener este tipo de información para aseverar este hecho, e indicó que esta estrategia la utilizan los agricultores para proteger sus territorios.
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Violencia y población
En este sentido la Comisión Intersectorial para la respuesta a la Alerta Temprana, analizó si están cumpliendo las recomendaciones dadas en anteriores situaciones, al respecto, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo Seccional-Huila manifestó: “se ha podido detectar a través de los seguimientos y monitoreos en los territorios, la existencia de conductas victimizantes que perjudican a la población civil”.
Por ejemplo, las extorsiones, reclutamiento de menores de edad, control social y la interposición de la gente entre grupos al margen de la ley que no están sentados en la mesa de negociaciones y las Fuerza Militares.
Les preocupa que la gente se encuentre sitiada frente a esta situación de fuego ‘cruzado’, que no permite el uso y goce de esos bienes jurídicos relevantes, por ende “nuestra institución tiene la necesidad de dar a conocer esta situación que está ocurriendo, que es penosa, gravosa y debemos visibilizarla. Recordemos que hay unos grupos al margen de la ley con sus economías ilegales, quienes se encuentran negociando la Paz total con el Gobierno Nacional, sin embargo, hay unos que no hacen parte de estas conversaciones, entonces la georreferenciación de estos grupos, dificulta el actuar de las Fuerzas Militares para salvaguardar a los huilenses”, denunció la abogada.
Grupos en riesgo
Y la presente alerta temprana refiere riesgos de violación a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, libertad de civiles y políticas e infracción al Derecho Internacional Humanitario para la población civil de los municipios de Neiva, (casco urbano y zona rural nororiente), Tello y Colombia en la región Oriental del departamento del Huila, lo anterior en el contexto del conflicto armado y otras violencias existentes en esta subregión del departamento.
Por lo anterior, se consideran en riesgo diferencial las siguientes poblaciones: líderes lideresas personales de derechos humanos organizaciones y colectivos que corresponden mayormente a ámbitos sector de liderazgo y defensas sociales y comunales y comunitarios.
Al igual que a las personas que firmaron el acuerdo final de paz de 2016, sus familias y personas organizativas. Esto destacando el riesgo amplio y continuo para los procesos asociativos y productivos marcó la recomposición social económica de la población señalada.
Ahora, los servidores públicos, tanto en zonas rurales, como en cascos urbanos. El riesgo diferencial para este poblacional, se expresa su capacidad fáctica para cumplir sus competencias normativas en un contexto de control del Estado Mayor Central.
Y los niños niñas y adolescentes con gran riesgo de tratamiento incluso utilizando a grupos armados organizados relacionados en algunos casos al consumo de sustancias.
Declaraciones recibidas
Asimismo, la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional y Provincial, se aliaron para prestar el servicio en la Unidad para la Atención a Víctimas, allí cada semana una de las entidades recibe estas denuncias.
“Solamente, la Personería ha recibido hasta la tercera semana de noviembre del presente año, 360 declaraciones durante 2024, y sí sumamos la de todas las instituciones, estamos superando los 1.000 documentos”, expresó Jerson Bastidas.
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Neiva, aporta más desplazados
Ya en lo relacionado al Departamento que aporta el 55% de la población víctima de desplazamiento, el municipio que más engrosa esta cifra es Neiva, con 22 casos. Solo hablando de la capital opita, gran porcentaje de los casos vienen del corregimiento de Vegalarga, centro poblado de San Antonio, asimismo de San Luis y Chapinero.
Estas familias llegan al CRAV, realizan la respectiva declaración e inician la ruta para que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.
De estos casos, el 49% de los perjudicados son parejas y un 43% son grupos familiares de tres o cuatro personas. Regularmente estos desplazados llegan a Neiva, a los asentamientos ubicados en el oriente de la ciudad.
En este sentido, el conflicto armado se ha recrudecido. Un fenómeno ya denunciado por las víctimas es el siguiente: “sí no les entregan a sus hijos para reclutarlos para la guerra, deben salir de los territorios, ya no solo hay extorsión económica, sino moral”, reveló el coordinador.
Por su parte, Jorge Mancilla, coordinador del Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV), agregó “hay que seguir esperanzados en los procesos de paz, para que sigan avanzado, debemos ponerle fe a estos diálogos. Pienso que la paz es la solución, porque con violencia, no se soluciona la violencia”.
Y según el funcionario el fenómeno de desplazamiento, obedece al recrudecimiento del conflicto armado en diferentes regiones, entre ellas Cauca, Putumayo y Caquetá.
Ahora, en el primer semestre del 2024, la Defensoría del Pueblo registró 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Colombia. El 51% del total corresponde a NNA de pueblos indígenas; el 31%, a ningún grupo étnico; el 5%, a comunidades afrocolombianas, y de un 13% no se cuenta con información.
