Desde hace dos años, entes de control y vigilancia y diferentes organizaciones sociales han denunciado públicamente la problemática que sufre el Sistema de Salud del país, y han alertado el desabastecimiento de medicamentos. La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) interpuso una demanda por esta situación en contra del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) como responsables de la amenaza y vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública y al acceso al servicio público de salud. La acción busca que se garantice la materialización eficiente y oportuna de los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.
Luego de un riguroso análisis de diferentes reportes en el país y de datos sobre el desabastecimiento, la entidad en mención que, a la fecha, no se han tomado medidas que permitan remediar la crisis de escasez de medicamentos. Por el contrario, la problemática se ha incrementado al punto de que la Procuraduría General de la Nación, en el marco de una acción popular que cursa ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del Ministerio de Salud e INVIMA relacionada con la regulación de precios de los medicamentos e insumos médicos, solicitó la práctica de medidas cautelares con el fin de que el Gobierno adopte las medidas respectivas para prevenir un daño grave respecto al desabastecimiento.
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Aunque estas medidas fueron aprobadas inicialmente, el Consejo de Estado las revocó tras una apelación del INVIMA, argumentando que estas no tenían correspondencia directa con las pretensiones de la acción popular. La entidad inició un plan de emergencia, ahora, sin la obligación de aplicarlo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de estas acciones y la respuesta a la crisis.
Ante los problemas de desabastecimiento de medicamentos que afronta el país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, anunció los planes de acción que está poniendo en marcha enfatizando que en su mayoría se deben a temas estructurales en la fabricación de medicamentos y al no reporte oportuno del estado actual de los productos por parte de los titulares de registro.
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