Ante la preocupación generada por la insuficiencia de recursos para financiar créditos educativos, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, solicitó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y al ICETEX un informe detallado sobre la asignación, programación y desembolso de recursos destinados a la educación superior.
El requerimiento surge tras la alerta emitida por el ICETEX sobre la falta de fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, situación que afecta la renovación de créditos educativos y el pago de matrículas de miles de estudiantes en el segundo semestre de 2024 y amenaza con extenderse a 2025.
Requerimientos específicos a las entidades
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Informar el presupuesto total asignado al sector educación en 2024.
Presentar un cronograma detallado de los desembolsos realizados al sector educativo durante 2024, especificando las transferencias mensuales realizadas y las pendientes.
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Indicar los recursos que aún no se han transferido al sector educación y precisar fechas de desembolso.
Detallar la programación presupuestal para 2025, con especial énfasis en los recursos destinados al ICETEX.
Ministerio de Educación Nacional
Explicar cómo se priorizarán los recursos destinados al ICETEX para diciembre de 2024 y el primer semestre de 2025, particularmente los enfocados en la renovación de créditos y matrículas.
Especificar el presupuesto asignado al ICETEX en 2024, cuánto ha sido transferido y los montos pendientes, indicando fechas de desembolso.
Presentar un desglose del presupuesto sectorial proyectado para 2025.
ICETEX
Proveer un reporte detallado del presupuesto programado y los desembolsos realizados mes a mes en 2024 para créditos y matrículas.
Explicar las razones de los retrasos en los desembolsos pendientes a las universidades.
Evaluar el impacto de estos retrasos en los estudiantes y las instituciones educativas.
Precisar las fuentes de financiación utilizadas para cumplir las obligaciones de 2024 y proyectar las necesidades para 2025.
Plazo y seguimiento
Las entidades deberán entregar la información requerida antes del 25 de noviembre de 2024. La Procuraduría subrayó que cualquier incumplimiento o retraso en la asignación de recursos vulnera el derecho fundamental a la educación de miles de jóvenes colombianos, además de comprometer el desarrollo y el bienestar del país.
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