La violencia con la que el paro, auspiciado por Fecode y las centrales obreras, supuestamente por el proyecto de reforma tributaria, ha generado toda clase de reacciones internacionales. El presidente de Argentina, atendiendo instrucciones de Cristinita Kirchner, se refirió a “la represión desatada ante las protestas sociales” y pidió que “cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”. Olvida la fuerza con la que la policía argentina reprime las protestas desde antes, en, y después de los Kirchner. Están, por supuesto, Vivanco y sus compinches como Wola; un izquierdista francés de apellido Mélenchon; unos parlamentarios gringos de la izquierda demócrata (¡claro!); el NYT y El País de España, todos los cuales recogen noticias falsas, como achacarle a la policía el incendio de un hotel en Cali, incendiado porque se habían alojado policías, o el ataque a estudiantes en un viaducto de Pereira cuando ni las mismas víctimas acusan a la policía, o el “intento de asesinato” de un joven porque le arrojaron agua desde una tanqueta.
Todos opinan que no se puede reprimir la libertad de expresión, pero no dicen nada respecto de los ataques de los que fueron objeto RCN y Semana. Todos hablan de violencia policial, pero se callan ante el asesinato a puñal de un capitán en Soacha, las bombas incendiarias arrojadas contra policías en Pasto, el intento de quemar a quince policías en un CAI en Bogotá y el asesinato de dos policías en Tibú. Hasta el Defensor del Pueblo que, por su condición, debe ser cuidadoso, se presta a difundir informaciones falsas porque “me han llegado informes” -que no investigó- sobre muertos y desaparecidos.
La alcaldesa de Bogotá dijo que no se debían dar cifras sobre el tema porque no hay certeza y que en Bogotá no ha habido ni lo uno ni lo otro: los desaparecidos aparecieron en las URI y el único muerto no tuvo que ver con las protestas. En cambio, sí se sabe que 579 policías habían sido lesionados hasta el 5 de mayo y 3 estaciones atacadas con arma de fuego.
Ahora bien, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, dirigida por Michelle Bachelet, exmiembro del Comité Central del Partido Socialista chileno, dijo a través de su portavoz, que había recibido informes de hostigamientos y amenazas de defensores de derechos humanos, pero no precisó cuáles ni de quién. Y la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH en Colombia, “acusó a la policía local de disparar contra miembros de la Comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero dijo que nadie había resultado herido”, lo cual tiene visos de ser una noticia chimba. Esa oficina no le ha servido a Colombia para nada y es un despacho de segunda, porque la ONU se expresa a través de su Secretario General quien, aunque pidió prudencia a las autoridades, rechazó la violencia generada por el paro.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell aseguró que los colombianos tienen derecho a la protesta pacífica, derecho que “debe ser respetado y protegido, no reprimido por la fuerza” y solicitó el cese inmediato de “cualquier uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Claramente no sabe dónde está parado, ni se tomó el trabajo de averiguar cuál es la realidad del país. Debería pensar en el uso de la fuerza en Alemania y Francia (chalecos amarillos) contra manifestantes que, junto a los nuestros, son inofensivos.
La Inspección General de la Policía, como debe ser, informó haber abierto medio centenar de investigaciones por presuntos abusos.
