El asesinato de Mauren Alejandra Ulchur Candela, una joven de 14 años, es una tragedia que nos recuerda la crueldad de la violencia que azota a las regiones más vulnerables de Colombia. La joven, oriunda de La Plata, Huila, fue víctima de un sistema de reclutamiento violento y mentiroso, como tantas otras niñas y adolescentes, que ven en el mundo armado una falsa esperanza de poder y pertenencia. Su vida terminó de manera brutal en medio de un conflicto entre grupos armados ilegales en el Cauca, dejando tras de sí una familia destrozada y una comunidad indignada.
Mauren Alejandra fue engañada por las disidencias de las Farc, quienes, al igual que otros grupos ilegales, utilizan falsas promesas de un futuro mejor para atraer a menores de edad, arrastrándolos a un ciclo de violencia del cual es muy difícil escapar. A pesar de que una de sus compañeras logró regresar a su hogar gracias a la ayuda de la Policía, Mauren no corrió con la misma suerte. Se unió a un grupo armado ilegal, y, en medio de un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), perdió la vida, como parte de un escenario que se repite con dolorosa frecuencia en Colombia.
Este hecho, que acaba con la vida de una joven que apenas comenzaba a soñar, refleja el fracaso del Estado en garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos más vulnerables: los niños y adolescentes. El caso de Mauren es solo uno de los muchos que se producen cada año en el país, donde menores de edad son arrebatados de sus hogares y forzados a luchar en conflictos que no les pertenecen, exponiéndolos a la muerte y a la violencia extrema.
Las cifras son escalofriantes. El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos en Colombia, a pesar de los esfuerzos realizados por diversas instituciones del Estado. Las niñas y niños, en su mayoría provenientes de áreas rurales y marginadas, son los principales objetivos de estos grupos armados ilegales. El caso de Mauren Alejandra, quien fue engañada y sometida a una violencia indescriptible, es un recordatorio de la urgencia de actuar de manera contundente para erradicar este fenómeno.
Es imprescindible que el gobierno colombiano intensifique sus esfuerzos para prevenir el reclutamiento de menores de edad. Esto no solo debe incluir la persecución y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, sino también un mayor compromiso en la implementación de programas de educación, prevención, y protección para los jóvenes en las zonas de mayor riesgo. Las políticas públicas deben estar orientadas a garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad, a servicios de salud y, sobre todo, a un entorno de paz y seguridad.
Además, es fundamental que la sociedad en su conjunto, y no solo las autoridades, asuma su rol en la protección de la niñez. Es urgente sensibilizar a las comunidades sobre los peligros del reclutamiento y crear redes de apoyo que permitan a las familias y a los jóvenes escapar de las garras de la violencia. No podemos seguir permitiendo que menores de edad sean sacrificados en el altar del conflicto armado.
El dolor de la familia de Mauren Alejandra es un recordatorio de lo que estamos perdiendo como sociedad cada vez que un niño es arrastrado a la guerra. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad y como nación, exigir que este tipo de hechos no queden impunes y que no se repitan más en el futuro. El asesinato de Mauren Alejandra no puede quedar en el olvido. Su memoria debe ser un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que la vida de cada niño y cada adolescente es un bien invaluable que debemos proteger a toda costa.
