Por Juan Pablo Liévano
Prestantes abogados y economistas han cuestionado el manejo que el Gobierno está dando a Ecopetrol y a situaciones como la de Monómeros. Se cuestiona el manejo económico y el uso de las facultades de inspección, vigilancia y control, pues parece que, en algunas situaciones, estas persiguen fines políticos y no aquellos para los cuales fueron creadas. En otras ocasiones, simplemente no existen y se extraña la acción estatal.
La otrora joya de la corona, la famosa iguana encopetada de Ecopetrol, hoy en día parece más una lagartija vapuleada por los malos manejos, los escándalos y el deficiente gobierno corporativo. A pesar de esta situación, el Gobierno se hace el de la vista gorda. No obstante, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, que tienen funciones de inspección, vigilancia y control sobre Ecopetrol, deberían preocuparse más por la suerte de la empresa y tomar cartas en el asunto.
De hecho, estas entidades tienen y comparten la función legal de supervisar a Ecopetrol. La Superfinanciera, además de la tradicional función de supervisión para que la entidad se ajuste, en su funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, a la ley y a los estatutos en materia societaria y contable, que ejerce de manera concurrente con la Supersociedades, dependiendo del alcance de las funciones de la Superfinanciera respecto del emisor de valores, tiene además funciones relacionadas con la emisión que incluye la revisión y registro de información, la divulgación de la información financiera relevante, el cumplimiento normativo, la auditoría y supervisión de procesos, la protección de los inversionistas y el gobierno corporativo de la entidad. Incluso sería posible someter a control a un emisor como Ecopetrol, de manera que se puedan ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo.
Pues bien, a la fecha, y a pesar de los escándalos, estas superintendencias brillan por su ausencia en el ejercicio de sus facultades de supervisión que garanticen el buen gobierno corporativo y la protección de los accionistas minoritarios. Lo adecuado sería que estas facultades se ejercieran de manera decidida y de forma independiente a los deseos y caprichos del Gobierno. Por el contrario, en lo que le interesa al Gobierno, estirando o dándole mayor alcance a las facultades, o interpretando las normas de manera laxa, las superintendencias corren a complacerlo, como lacayos y peones de brega.
En el caso de Monómeros, por el anuncio de venta y a pesar de su solvencia y solidez patrimonial, la Superintendencia de Sociedades busca someterla a control, en lo que parece más una estrategia para torpedear la venta, pues no es jurídico someter a control a una sociedad comercial por el hecho de estar en proceso de venta. Y ni hablar de la Superintendencia de Industria y Comercio y sus excesos con la Registraduría Nacional y sus funcionarios.
En síntesis, para lo que interesa al Gobierno, las entidades de supervisión desbordan en desprolijos excesos sus funciones y, en lo que no, su ausencia es absoluta. Razón tenía la OCDE al indicar que los superintendentes financiero, de sociedades y de industria y comercio debían ser independientes del Gobierno.
